Frente a los sucesivos desalojos de comunidades indígenas en distintas provincias argentinas, la Red Iglesias y Minería advirtió sobre la situación de vulneración de derechos y cuestionó las políticas que priorizan los intereses económicos por encima de la vida y de los territorios.
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En un documento difundido, bajo el título “Ante los desalojos de pueblos originarios en Argentina, levantamos la voz: la vida y los territorios no son mercancía”, la organización vinculó esta situación con políticas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la derogación de la Ley 26.160, conocida como Ley de Emergencia Territorial Indígena, y con una serie de proyectos legislativos que, según advierte, buscan legalizar los desalojos de los pueblos originarios.
Indicó como ejemplos recientes operativos realizados en comunidades indígenas:
- El 28 de julio, la comunidad Mbyá Guaraní Puente Quemado II, ubicada en Garuhapé (provincia de Misiones), sufrió un desalojo por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.
- El 10 de agosto, se produjo el desalojo de la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca (provincia de Jujuy).
- Operativo de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que ejecutó el desalojo de las comunidades Melo y Quintriqueo, pertenecientes al Pueblo Mapuche (provincias de Río Negro y de Neuquén).
“No son escenarios aislados”
En su pronunciamiento, la red afirmó que estos episodios “lejos de ser escenarios aislados, son recurrentes”, y responden a una lógica de acumulación de capital que, según plantea, coloca los intereses económicos por encima de la vida.
En particular, la organización expresó su preocupación por la modificación del marco jurídico de protección de los derechos de las comunidades, de la naturaleza y por el desconocimiento y vulneración de acuerdos internacionales suscriptos por el Estado argentino, entre ellos el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento también recupera el texto del papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonia, particularmente su número 14, para recordar que los emprendimientos que dañan los territorios de los pueblos ancestrales y no respetan su derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen.
La Red Iglesias y Minería pidió la defensa de la vida, los territorios, la Casa Común y los derechos de los pueblos originarios – Foto: Red Iglesias y Minería
Una responsabilidad ética
La entidad planteó además una dimensión ética y cristiana frente a esta realidad: “Tenemos una responsabilidad ética como cristianos con las generaciones futuras, pero también somos llamados a construir el Reino aquí y ahora”.
Destacaron que los pueblos indígenas han mostrado un camino de resistencia, amor por la Casa Común y coherencia entre el decir, pensar, sentir y proceder. Para la organización, ese testimonio constituye una invitación a asumir con urgencia el camino de la Conversión Ecológica Integral.
Finalmente, interpelada por el “clamor de los pueblos” y conmovida por el “martirio sistemático”, la Red Iglesias y Minería exhortó al Estado argentino a “respetar y garantizar los derechos de los pueblos preexistentes sobre los territorios que habitan”. Reclamó, además, evitar el uso de la fuerza y respetar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de Derechos Humanos.
Con este pronunciamiento, la organización busca hacer visible la situación de las comunidades y, a la vez, reafirmar su llamado a poner en el centro la defensa de la vida, los territorios, la Casa Común y los derechos de los pueblos originarios.
