El próximo 24 de marzo se cumplen 40 años del martirio de san Óscar Romero. Un aniversario que coincide en plena instrucción judicial que busca esclarecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de su asesinato.
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Con la aceleración de su beatificación y canonización en este pontificado, después de un inexplicable período de hibernación, la Iglesia realizó un ejercicio de justicia restaurativa con el arzobispo de El Salvador.
Ahora son los tribunales del país centroamericano los que buscan honrar la memoria no solo del santo de América, sino precisamente de todos aquellos que ven en la figura de Romero el icono de los derechos humanos y de la libertad.
Resulta incomprensible que ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas salvadoreñas quieran abrir sus archivos para cerrar un crimen cuatro décadas después. No estaría de más que, en la medida de lo posible, la Iglesia colaborara con todos los medios que estén a su alcance para que su muerte no quede impune desde el punto de vista civil.
Ni mucho menos por venganza, sino por honrar a todos esos pueblos que todavía hoy necesitan ver reconocida su dignidad.
