El Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y Cáritas Argentina expresaron su profunda preocupación ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del pasado 29 de septiembre y la vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que deroga la Ley de Tierras Nº 26.737.
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Ante esta acción del Tribunal, los miembros de estas organizaciones manifestaron su reclamo ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros, contemplada en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’.
Por tal motivo, reiteraron la carta abierta dirigida a los legisladores, titulada “La tierra: madre, hermana y bien común”, en junio de este año, en la que piden que legisladores, autoridades del poder ejecutivo y funcionarios de la justicia velen por la defensa del territorio y el cuidado de la Nación, que está en directa relación con el bienestar de la población.
Los puntos que más inquietan
En aquella carta señalaban que el proyecto, entre otras medidas:
- Deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, ya sean personas físicas o empresas. Esto incluye la posibilidad ilimitada de acceder a tierras vinculadas con reservas de agua y otros bienes naturales.
- Habilita el uso inmediato de tierras afectadas por incendios, algo que hasta ahora estaba restringido.
- Debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo el de los más vulnerables, frente a intereses privados, locales o extranjeros.
Cuidado de la casa común. Foto: Archivo Vida Nueva
“La tierra no es una mercancía”
El documento sostiene que la tierra no es un simple recurso económico. Citando la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, la define como “hermana y madre”, porque sostiene, alimenta y cobija. Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro, agregaron.
Los autores se apoyan además en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, que recuerda el principio del destino universal de los bienes: el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados a toda la familia humana, hoy y en las generaciones futuras. En ese marco, advierten que no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, y que el desarrollo integral no se reduce a lo económico.
La carta incluye también una referencia a la vivienda, un tema central en el país vinculado con el proyecto. Señala que muchas familias no tienen casa propia y deben alquilar, y plantea la necesidad de favorecer el acceso a la vivienda con un marco jurídico razonable para los alquileres, que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos.
Las entidades eclesiales pidieron, entonces, que quienes intervengan en el debate que guíen sus decisiones “por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”. Y los instaron a poner en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad.
