No se frenará ni se aparcará el proceso de indemnización a las víctimas de abusos a pesar de las elecciones generales. Así lo ha podido confirmar ‘Vida Nueva’ a través de diversas fuentes. Tanto la Iglesia como el Defensor del Pueblo continúan trabajando a velocidad de crucero para materializar el acuerdo firmado en enero, que empezó a aplicarse en abril.
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Las fuentes consultadas apelan a las víctimas para que confíen en ambas instituciones e invitan a no generar sospechas en torno a un proceso que se está llevando a cabo “con normalidad”. El acuerdo vigente entre el Gobierno y la Iglesia, con una duración de un año prorrogable, abrió la puerta a que el Defensor del Pueblo pueda determinar las indemnizaciones de las víctimas que no quisieron acudir, por falta de confianza, a la comisión de expertos creada por la propia Iglesia dentro del llamado Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos (PRIVA). Las dos vías están disponibles solo para aquellos casos prescritos o en los que el abusador ha fallecido.
Cinco años de mandato
Este ritmo no se verá alterado por el proceso electoral. Tampoco influirá, según ha podido saber esta revista, el hecho de que se produzca un relevo en la institución pública, puesto que el mandato de cinco años de Ángel Gabilondo se cumple precisamente este mes de noviembre, en la antesala de las elecciones.
El propio Gabilondo expresó esta mañana: “No tengo por qué dudar de que se mantendrán estos acuerdos, esté quien esté en el Gobierno”. El Defensor del Pueblo se pronunció en estos términos durante un desayuno celebrado por Nueva Economía Fórum en Madrid.
Como reflejo del trabajo conjunto que Gabilondo viene realizando con la Iglesia, en el acto se encontraba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.
Escucha y verificación
El Defensor del Pueblo agradeció su presencia y valoró cómo se ha pasado de considerar la lacra de los abusos como “una manzana podrida” a entenderla como un asunto “que tenemos que abordar como país”. A partir de ahí, detalló cómo se lleva a cabo el trabajo con cada víctima: desde la escucha de la persona y la verificación de su testimonio con la entidad eclesial afectada hasta la elaboración de un informe final.
Ángel Gabilondo, en Nueva Economía Fórum. Foto: Defensor del Pueblo
En estos seis meses, desde que se inició la constitución de la Unidad de Víctimas, se han recibido 486 expedientes, se han tramitado 241 y se han realizado 142 entrevistas personalizadas. “Tenemos 21 propuestas cerradas”, apostilló el Defensor del Pueblo. “Hay víctimas que están preocupadas, pero hay muchas víctimas que están contentas porque se sienten escuchadas”, valoró.
No satanizar instituciones
A la vez, subrayó que “no hay voluntad de perseguir a ninguna institución, que no estamos a la caza de instituciones, sino en defensa de las víctimas y para dar una respuesta a una situación increíble”. “No hay que satanizar instituciones”, destacó.
El equipo del PRIVA de la Iglesia también ha notificado en estos días que, desde abril, han entrado 21 solicitudes nuevas en la comisión de expertos de la Iglesia y se han emitido 30 dictámenes nuevos. Del Defensor del Pueblo se han recibido, hasta principios de esta semana, unas trece propuestas de reparación. En total, la Iglesia habría repartido entre las víctimas más de dos millones de euros.
