El papa León XIV apareció inscrito como elector habilitado en el censo electoral peruano para las elecciones regionales y municipales que se celebraron este pasado 4 de octubre. El pontífice tiene una mesa de votación asignada que se encuentra ubicada en la ciudad de Chiclayo.
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En concreto, según han publicado los medios locales el recinto establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que acuda a votar es el centro San Tomás Apóstol. Ante el interés sobre la presencia del nombre del pontífice en las listas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha explicado al presencia de Robert Francis Prevost en el censo electoral debido a que conserva su nacionalidad peruana.
Y es que en el país, el voto es tanto un derecho como una obligación legal para la mayoría de los ciudadanos, según establece la constitución peruana. Esta medida busca asegurar una alta participación ciudadana y construir comunidad, aunque también es objeto de debate en el país. Una obligación que también se extiende a los peruanos residentes en el extranjero para las elecciones Generales y consultas populares.
Excepción a la ley
Ahora bien, si un ciudadano no acude a votar, se le impone una multa electoral como una sanción o castigo por incumplir con un deber ciudadano. Además, mantener multas electorales sin pagar puede generar inconvenientes para realizar trámites administrativos, actos notariales o firmar contratos. La multa de estas elecciones, según estableció el Jurado Nacional de Elecciones, fue de 110 soles –equivalente a menos de 19 euros– para quienes residan en distritos considerados “no pobres”, 55 soles –casi 15 euros– para distritos pobres y 27,50 soles –poco más de 7 euros– para distritos de extrema pobreza.
En todo esto hay una excepción. León XIV, a pesar de estar inscrito y tener una mesa asignada, no está forzado a participar obligatoriamente en los comicios. La ley establece que el voto deja de ser obligatorio y pasa a ser opcional para los ciudadanos mayores de 70 años. A partir de esta edad, la persona decide si desea acudir a las urnas o no, sin enfrentar ninguna penalización.
