El Obispado de Almería ha solicitado a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía su colaboración para saber cómo proceder para la retirada de la inscripción tallada en la Catedral de la Encarnación de la capital con el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el escudo con el yugo y las flechas sobre la que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto expediente para acordar su retirada.
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Fuentes de la Diócesis han indicado a Europa Press su voluntad de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y proceder a la retirada de los símbolos, si bien han pedido auxilio a la Junta de Andalucía para saber cómo se ha de proceder ya que el templo cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.
En este sentido, han señalado que se dirigirán por segunda ocasión a la Administración andaluza tras una primera consulta ya realizada sin éxito después de la comunicación al respecto recibida meses atrás por parte del secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez, quien informaba del proceso.
El Ministerio informaba este martes de la incorporación al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática de la inscripción que aparece en la catedral almeriense, la cual se incluye como una “expresión de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios”.
El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. Foto: Obispado de Almería
Legitimación simbólica
Los símbolos existentes en la Catedral de la Encarnación responden “a la política de exaltación impulsada por la dictadura franquista y constituye un homenaje honorífico al fundador de Falange Española en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural”, según ha trasladado el Gobierno.
Con todo, la comisión técnica ha determinado que el elemento “mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática”.
La resolución recuerda también que “la protección patrimonial de un inmueble no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista y que las administraciones públicas competentes tienen el deber de colaborar para hacer efectiva su retirada”.
