Plazo expirado. Este viernes se cumplirá el plazo de diez días dados por la Conferencia Episcopal Española a bufete Cremades&Calvo-Sotelo para entregar la auditoría sobre la crisis de los abusos en la Iglesia encargada en febrero de 2022. Así lo confirma el diario El País, que expone como el despacho de abogados habría hecho saber a los obispos que dará cuenta del estudio a finales de año, si bien se compromete a entregar un resumen ejecutivo en la próxima Asamblea Plenaria del próximo mes de noviembre.
- PODCAST: El sindiós de la guerra
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Esta decisión podría llevar a la ruptura del contrato forjado entre ambas entidades. Sin embargo, tal y como refleja el documento hecho público por el Episcopado, no se ofrecía una fecha cerrada sino aproximada. “El trabajo encomendado se prevé que tenga una duración de doce meses”, expone el texto literalmente. Lo cierto es que ya se ha producido una demora de unos ocho meses.
Malestar general
Desde la Conferencia Episcopal Española se ha manifestado a ‘Vida Nueva’ que el malestar con el bufete no se circunscribiría únicamente al retraso de la presentación del informe sino también a la metodología y calidad del estudio. Estas críticas vienen después de que en la reunión de la reciente Comisión Permanente, el equipo de Cremades presentara el borrador de ese resumen ejecutivo que, para parte de los obispos, “no estaría a la altura”.
Y no porque no estuvieran de acuerdo con las cifras que se pudieran dar sobre los casos de abusos en nuestro país ni tan siquiera por el análisis de las lagunas y propuestas de mejora, sino porque a todo ello se llega por lo que tachan como déficit de “precisión y rigurosidad” en el trabajo de campo realizado en estos veinte meses. Consultado el bufete por ‘Vida Nueva’, niegan la mayor y defienden a capa y espada la calidad de su trabajo, a pesar de las críticas expresadas por víctimas, congregaciones y diócesis varias.
