La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha notificado a la Fiscalía General del Estado que la permanencia de los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos es “ilegal” desde el 2 de octubre de 2020.
Según explican en su escrito, el convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que desde 1958 regulaba la presencia de la congregación religiosa en Cuelgamuros, se extinguió ese día.
El 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece una nueva regulación de los convenios. Según su disposición adicional octava, se prorrogan de forma automática los convenios indefinidos y se da un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para que sean renovados o quedarán extinguidos el 2 de octubre de 2020.
“Deberían haber abandonado el 1 de octubre”
Para la ARMH, eso significa que la comunidad benedictina “debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir en ella y gestionar sus instalaciones”. “A partir de ese día, su estancia debe considerarse ilegal y el Gobierno, en su deber de velar por la legalidad, debería haber obligado a los monjes a abandonar el recinto, dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo, y cumplir estrictamente la ley”, agregan.
El 29 de mayo de 1958 se firmó el convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. En el mismo se establece que un grupo de benedictinos procedentes del monasterio de Silos se instalaría allí por un tiempo indefinido que se mantendría mientras los monjes cumplan unos compromisos: agrupar como mínimo a 20 monjes con sus respectivos novicios, celebrar el 20 de noviembre de cada año una misa solemne de difuntos por todos los caídos, y hacerse cargo de la dirección del Centro de Estudios Sociales, gestionar su biblioteca y desarrollar sus planes de estudios.
