Cáritas pide en el Senado reformas en la ley de extranjería para abordar los retos migratorios

Solucionar la irregularidad sobrevenida estructural modificando el Reglamento de Extranjería. Abordar de forma integral la transición a la vida adulta de los jóvenes ex niños y niñas solos. Afrontar la situación de los “inexpulsables” y darles una solución acorde con el derecho europeo. Establecer pasarelas entre protección internacional y extranjería. Responder a la situación provocada por el Covid-19 y buscar soluciones concretas para situaciones de determinados colectivos. Estas son las cinco prioridades que Cáritas ha marcado hoy en el Senado.

María Segurado, responsable de la Red Jurídica de Migrantes de Cáritas Española, ha participado en una sesión a puerta cerrada convocada por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta dentro de la ‘Ponencia que aborde el fenómeno migratorio de manera integral’, en la que la letrada ha planteado una serie de reformas legales urgentes para atajar los problemas de integración social a los que se enfrentan los inmigrantes que residen en España.

750.000 personas acompañadas en 2020

La abogada ha abierto su comparecencia explicando a los miembros de la Comisión la base en la que se apoyan estas propuestas de Cáritas, que procede del trabajo de acompañamiento a más de 750.000 personas en el último año.

Las cinco propuestas se vertebran en dos bloques: búsqueda de soluciones legislativas que aborden la realidad de las personas extranjeras (no comunitarias y comunitarias) evitando la pérdida de derechos; y medidas concretas que hagan frente a la situación provocada por la emergencia sanitaria (con todas sus consecuencias laborales, económicas, etc.).

En primer lugar, Cáritas ha planteado 9 puntos de acción:

Acceso al empadronamiento para todas las personas extranjeras que vivan en nuestro territorio. El padrón es la herramienta estadística que permite contabilizar los habitantes de una determinada población para el ajuste de políticas y presupuestos. Actualmente está dejando de contabilizar un número creciente de personas con lo que conlleva a efectos de políticas públicas, pero también con consecuencia directa en escolarización de menores, salud etc. La actual normativa de empadronamiento impide hacerlo a personas extranjeras (comunitarias o no) que no tengan un pasaporte en vigor, lo que provoca tanto situaciones de irregularidad sobrevenida como exclusión de personas indocumentadas.
Evitar la irregularidad sobrevenida provocada por la excesiva rigidez de la legislación de extranjería en lo relativo a la prórroga y la renovación de autorizaciones ligadas a la documentación personal de la persona extranjera, un mercado laboral (con una oferta que no existe en la actualidad) o un territorio determinado.
Favorecer vías de entrada regulares, flexibilizando, por ejemplo, la reagrupación familiar, la concesión de visados de estudio o prácticas laborales etc., y garantizar su mantenimiento. La legislación española prevé supuestos excepcionales de residencia que deben ser revisados para que sean efectivos y para que se ajusten a la realidad social. Estos mecanismos especiales son fundamentales, pero sólo son útiles si responden a la realidad de cada momento.
Abordar el desarrollo del artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Extranjería que establece el derecho a las prestaciones sociales básicas de las personas extranjeras que viven en territorio español y que ahora está vacío de contenido.
Abordar la realidad de los niños, niñas y jóvenes no acompañados desde su condición de menores, garantizando su protección y proveyéndoles de documentación estable que permita su transición a la vida adulta y evitando los casos de irregularidad sobrevenida.
Abordar la realidad de las personas “inexpulsables” en la línea de lo que establece la vigente Directiva de Retorno, generando un cauce de regularidad basado en la imposibilidad de hacer efectivo el retorno de esa persona, sin abocarla, como ocurre ahora, a la eterna exclusión social.
Establecer puentes o pasarelas entre la protección internacional y la extranjería, de forma que solicitantes de asilo que están actualmente trabajando no caigan en la irregularidad por la denegación de su solicitud de asilo.
Es necesario plantear un régimen claro, flexible y accesible para los familiares no comunitarios de los ciudadanos españoles.
Ante el anuncio reiterado de que se está trabajando una reforma del Reglamento de Extranjería, Cáritas señala la necesidad de disponer de un borrador sobre el que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer aportaciones para dotarnos de soluciones estructurales que nazcan de la experiencia adquirida.

En segundo lugar, ha admitido que “es consciente de la presión y el impacto que el Covid-19 tiene sobre las Administraciones públicas, pero ambos factores no pueden tener como consecuencia directa la desprotección de las personas”. En este sentido, “y aunque son muy positivas algunas de las medidas temporales aprobadas por la Dirección General de Migraciones, es necesario extenderlas, dado el número de personas afectadas y las consecuencias que la pérdida de una autorización tiene para la vida y los derechos de estas personas”.

Transcurrida la prórroga establecida para la renovación de documentación, Cáritas ha trasladado a la Comisión del Senado su grave preocupación por el atasco que sigue existiendo actualmente en la Administración y que se solventaría con una extensión de esta prórroga, a la vista del impacto de la segunda y la tercera oleada de la actual emergencia sanitaria, según recalcan en un comunicado.

Es este momento, según el brazo social de la Iglesia, sería necesario, además, “implementar medidas especiales de protección que supusieran el acceso a residencia y trabajo tanto a determinados sectores de actividad especialmente visibilizados durante la pandemia –como son el ámbito de los cuidados y el del empleo agrario– como a aquellas personas que, por razones muchas veces ajenas a su voluntad, han tenido opción a residencia y la han perdido o no la han podido renovar”.

Frontera Sur: Ceuta y Melilla

Por último, Segurado se ha referido a la necesidad de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de tal forma que los rechazos en la frontera en Ceuta y Melilla cumplan las condiciones fijadas por ese tribunal.