La muerte de 19 venezolanos que naufragaron en las costas Güiria, estado de Sucre, al nororiente del país ha conmocionado a la nación entera. Desde la Conferencia Episcopal, Cáritas y la red Clamor han lamentado lo sucedido “a estos hermanos y hermanas que fueron sorprendidos por la muerte, tras el sueño de encontrar en Trinidad y Tobago la oportunidad de una vida mejor”, han dicho en un comunicado.
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Los migrantes que zarparon el 5 de diciembre hacia la isla caribeña, fueron devueltos por las autoridades migratorias de este país y zozobraron. No es la primera vez que el gobierno trinitense, presidido por Keith Rowley ejecuta estas acciones. Entre las víctimas se encuentran 4 menores.
Garantizar vida digna
Los obispos una vez más han exigido “a las autoridades gubernamentales que garanticen las condiciones de vida y el disfrute de los derechos humanos fundamentales para que el pueblo no se vea obligado a huir del país”.
Además han denunciado que el éxodo de millones de venezolanos –tanto por tierra como por mar– “tiene su origen en el grave empobrecimiento, el hambre, el deterioro de la calidad de vida, el colapso total de los servicios públicos y la violencia institucionalizada”, por lo cual “son presas fáciles de las mafias de traficantes de seres humanos”.
A su vez se han solidarizado con los familiares de las víctimas para que “el Buen Dios en su infinita misericordia consuele el llanto de los afligidos por esta tragedia y les conceda el eterno descanso a los fallecidos”.
Establecer responsabilidades
Los prelados han exhortado a los gobiernos de Venezuela como de Trinidad y Tobago “a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables”.
Han rechazado la conducta de las autoridades de la república de Trinidad y Tobago, porque “es inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución” y han fomentado “las manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia las personas de nacionalidad venezolana que buscan regularizar su situación legal en dicho estado”.
También ha pedido a las autoridades venezolanas asumir sus responsabilidades, puesto que “lejos de adoptar las medidas necesarias para la no repetición y la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, realizan declaraciones de criminalización y desprestigio hacia los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de realizar trabajo humanitario”.
Foto: El Diario
