La Audiencia Nacional ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocencio Montano, a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
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El tribunal ha dado a conocer la sentencia en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre, como informa EFE.
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a cinco jesuitas así como a la mujer y la hija de 15 años del guardia de la universidad. Montano ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.
El asesinato de los jesuitas se produjo en un contexto de intensa polarización entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un proceso de diálogo. Sin embargo, fueron acusados de incitar a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.
Se declaró inocente
La Fiscalía sostiene que la decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera del juicio.
En la vista oral, Montano aseguró que él no dio la orden de matar a los jesuitas, que “no tenía nada personal” contra el religioso vasco Ellacuría y que “no hubo nunca pretensiones de hacerle daño” a él o a la Iglesia o a la Universidad Centroamericana (UCA). También dijo que no estuvo en la reunión en la que supuestamente se ordenaron los asesinatos y que tampoco trató de encubrir los crímenes, ya que afirmó que fue él quien le aconsejó al presidente Alfredo Critiani que la investigación “se condujera con la ayuda internacional”.
El excoronel salvadoreño, que compareció ante el tribunal en silla de ruedas y con mascarilla, se negó a contestar a las preguntas del Ministerio Público y las acusaciones popular y particular y solo respondió a su defensa.
