Se viven horas muy tensas en el penal malacitano de Archidona. Pese a que oficialmente aún no se ha inaugurado como cárcel, desde el pasado 20 de noviembre funciona en la práctica como un CIE de emergencia al albergar a medio millar de ciudadanos argelinos que apenas dos días antes habían llegado en patera a la localidad murciana de Cartagena.
La decisión del Ministerio del Interior, secundada por distintos jueces, fue entonces muy controvertida. Y es que, como denunciaron entidades eclesiales como Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se vulneraba el espíritu de nuestra legislación, que indica claramente que carecer de papeles en regla no es un delito y, como tal, jamás puede ser penado con el presidio. Todo con el pretexto de que la cárcel no es tal al no haber sido inaugurada.
En medio de la polémica, el pasado 29 de diciembre, apareció ahorcado en su celda uno de los internos, un hombre de 36 años del que solo ha trascendido su nombre, Bouderbala Mohammed. Ante la ausencia de datos oficiales (no se han publicado aún los resultados de la autopsia), se ha conocido que varios de sus compañeros denunciaron que en realidad murió tras las consecuencias de una paliza.
Lo que sí se han difundido son imágenes de agentes golpeando duramente a varios internos en Archidona, presuntamente, por sostener esta versión. Lo ha hecho una televisión argelina, que denuncia que en el centro hay policías antidisturbios. El canal también da voz al hermano de Bouderbala Mohammed, quien reclama que se ha desplazado hasta el penal para que le dejen ver sus restos mortales, sin haberlo conseguido aún. Igualmente, sostiene que un primo suyo, interno junto a su hermano, le ha asegurado que este “no se suicidó”.
¿Expulsión con fines ocultos?
Otro hecho especialmente significativo ocurrido en las últimas horas es la expulsión de al menos un centenar de los internos, entre los días 1 y 2 de enero. Ante las protestas de decenas de ciudadanos y de entidades sociales locales en contra del uso de las instalaciones con un fin penitenciario cuando aún no están inauguradas, la policía abrió paso a los autobuses que trasladaban a los retenidos mediante el uso de la fuerza, desmovilizando la sentada que pretendía que los migrantes no abandonaran Archidona.
Según lo que denunciaban en sus pancartas y cánticos de los manifestantes, se ha tratado de una maniobra para quitarse de en medio a los “testigos” de un supuesto “asesinato”. Además, clamaban, entre los internos hay menores y solicitantes de asilo.
No penar la migración
En declaraciones a Vida Nueva, Iván Lendrino Tejerina, director de Pueblos Unidos y coordinador de línea estratégica de CIE en el SJM, reclama una “investigación profunda de lo sucedido y de las condiciones de internamiento que llevan a las personas recluidas a extremas situaciones de incertidumbre y desesperación”.
Sobre el inmigrante suicidado, recuerda que “se hallaba a las puertas de la expulsión”. De ahí que llame a reflexionar sobre el hecho de que “continúe la penalización a personas que migran, que emprenden y que lo arriesgan todo en un viaje cargado de incertidumbre”. “Desde el SJM –concluye–, nos unimos al dolor de su familia y a las iniciativas de la sociedad civil organizada que continúa denunciando que los CIE son espacios de vulneración de derechos, en los que se priva de libertad a personas a las que se debería acoger”.
