El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), institución de la Compañía de Jesús en Colombia, convocó a miembros de organizaciones sociales para reflexionar sobre la Comisión de la verdad.
Una vez constituida, ésta hará parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, producto de los acuerdos a los cuales llegaron el Gobierno y las FARC, en el marco de su negociación.
Como explica la oficina del Alto Comisionado para la Paz, “la comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto; las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos; el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado; los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto; y el impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones”.
Animó la actividad desarrollada en el CINEP el historiador Mauricio Archila y estuvieron presentes Marina Gallego, de la Ruta Pacífica; Óscar Montero, de la Organización Nacional Indígena (ONIC); Juan Ruíz, de HIJOS; y Fabio Arias, sindicalista de la CUT.
Según se sabe, el contenido del informe final, que sería publicado tres años después de que los comisionados inicien labores, no reviste carácter legal. Se entiende que una de las preocupaciones de los defensores de derechos humanos sea la repercusión judicial del contenido del documento que produzca el organismo.
Durante el panel también se habló de las posibilidades de una verdadera garantía de participación para sectores históricamente marginados en la sociedad colombiana, como los indígenas, o para actores de reparación colectiva, como los sindicatos.
Juan Ruiz, de HIJOS, llamó la atención sobre la base semántica y la intencionalidad detrás del uso de conceptos como ‘reconciliación’ y ‘convivencia’. En la misma línea, Marina Gallego planteó que el énfasis de los trabajos habría de estar puesto en la ‘no repetición’ de los hechos victimizantes.
Once personas, incluyendo al presidente de la República, conformarían la Comisión. En un ambiente como el que vive el país, la verdad, como la memoria, se convierten en objeto de disputa.