Las organizaciones cristianas que hacen parte de Diálogo Intereclesial por la paz dieron a conocer un informe con su análisis sobre la implementación en desarrollo del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Producto de la veeduría humanitaria que la red ha adelantado en los últimos meses, el documento de 35 páginas considera de forma particular el período entre el 1° de diciembre y el 31 de mayo, y examina información recabada en Cauca, Antioquia, Córdoba, Chocó, Tolima y Meta.
Si bien DIPAZ destaca que en términos generales ha habido cumplimiento del cese y que existe voluntad por parte de la mayoría de los integrantes de las FARC para avanzar en su proceso de reincorporación a la vida civil, también pone de manifiesto algunas preocupaciones. Entre ellas, el avance paramilitar, no solo en zonas que en el pasado fueron ocupadas por la guerrilla, sino también en torno a algunos sitios en los cuales actualmente están reunidos sus integrantes.
Esta preocupación es compartida por muchas comunidades que ven amenazada su seguridad sin que la Fuerza Pública haya podido cobrar el control de territorios disputados. En el período que abarca el informe fueron asesinados tres miembros de las FARC, varios de sus familiares y decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, a DIPAZ también le preocupa el limitado alcance de las capacitaciones articuladas al proceso de reincorporación y la baja presencia de instituciones del estado en zonas de normalización. La red destaca, además, que hay situaciones de emergencia en atención médica y hospitalaria que están pendientes. “La situación se agudiza por las deficiencias en la cobertura del sistema, demoras y negligencia en el trámite de citas médicas, exámenes médicos, controles con especialistas y cirugías o dilación en el levantamiento de órdenes de captura” (que harían posible una respuesta más eficaz a estas situaciones).
Al cierre del análisis había 14 mujeres embarazadas y varias personas con enfermedades cuya atención precisa cierto nivel de especialización. Las condiciones en las cuales muchos de estos excombatientes se encuentran no son favorables y equivalen a lo que tiene que sufrir la población civil en lugares determinados por el abandono estatal, sin agua, sin luz ni vías de comunicación.
Otro elemento. “El nuevo anuncio de prolongar 60 días más el camino a la vida civil genera incertidumbre por no saber si se logrará en dos meses lo que no se pudo alcanzar en seis”, recoge DIPAZ en su informe. Para la red, el incumplimiento en el cronograma de los acuerdos estaría motivando deserciones dentro de las FARC, mientras que grupos paramilitares hacen ofrecimientos de remuneración económica para cooptar personas. “Según integrantes de las FARC del Punto Transitorio de Normalización La Florida, los paramilitares están ofreciendo pagos mensuales de $1’800.000 de pesos para guerrilleros sin mando y $5’000.000 millones de pesos para mandos medios que quieran desertar y unirse a sus filas”.
Quizá a lo anterior haría falta sumar una preocupación expresada por Alfredo Molano el pasado domingo. “Las Fuerzas Armadas han usado a fondo las posibilidades que ofrece el programa de reinserción y reincorporación del Gobierno como un instrumento para minar la moral guerrillera y para ‘insertar’ a los reinsertados en los cuerpos de inteligencia militar (…) La reinserción es una enorme fuente de información. Durante el actual proceso de paz, los batallones siguen dándole manivela a este mecanismo de deserción (…) Un grupo de desmovilizados me confesó que en la unidad militar donde deben permanecer unos días los desertados se les advertía que en ese punto había dos puertas de salida: una hacia la cárcel y otra hacia la colaboración”.
DIPAZ cierra su informe con recomendaciones al Gobierno; al Estado; a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; a la comunidad internacional y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación; a las FARC y a la sociedad civil. A esta última le recomienda continuar con las acciones de veeduría al cumplimiento del acuerdo final y a lo que se establezca en el marco jurídico que reglamente la implementación. Igualmente, articular esfuerzos para visibilizar efectos positivos y negativos de la implementación del acuerdo final en las regiones y a nivel nacional. Dos acciones con las cuales Diálogo Intereclesial por la Paz está ofreciendo un aporte desde el lugar de las comunidades de fe.
