“Las donaciones de alimentos deben facilitarse y simplificarse”. Es una de las principales reivindicaciones que los obispos europeos llevan a cabo después de adoptar como propia una resolución del Parlamento Europeo para reducir el desperdicio de alimentos. Sobre todo, teniendo en cuenta que se estima que cada año se desperdician en el continente unos 88 millones de toneladas de alimentos, o lo que es lo mismo, dos kilos de comida por persona a la semana
En un documento rubricado por Olivier Poquillon, secretario general de la Comisión de Episcopados de la Unión Europea (COMECE), se reclama una reforma explícita de las leyes europeas para facilitar este gesto solidario. De esta manera se exige la puesta en marcha una ley del “buen samaritano” que permita “aclarar las cuestiones de responsabilidad en aquellos que donan alimentos”, además de una exención de impuestos para estos donantes.
Los prelados argumentan su postura desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y desde la preocupación constante del Papa Francisco que puso de manifiesto durante su discurso ante el Parlamento Europeo en noviembre de 2014.
Garantías de seguridad
Pero, ¿en qué consiste una ley del buen samaritano? Se trata de una normativa que ya funciona en países como Estados Unidos, México Italia y Argentina, y que, de alguna manera, exime responsabilidades a quienes donan alimentos en caso de que estos provoquen un daño o intoxicación a terceros, en tanto que se entiende que se hace de buena voluntad.
Esta medida, que contemplaría unos mínimos para garantizar la seguridad alimentaria, podría reducir el desperdicio de alimentos e incentivar la donación de comedores escolares y de empresas, restaurantes, supermercados…
El informe elaborado por el Parlamento Europeo subraya precisamente que “se trata del mayor obstáculo” para las ONG y las entidades sociales que trabajan en este ámbito”. Por eso, los obispos europeos exigen en su documento que “esta deficiencia debe ser abordada como una prioridad a todos los niveles políticos en Europa”.
Según ha podido confirmar Vida Nueva, hasta la fecha ni desde el Gobierno central, pero tampoco desde las diferentes instituciones eclesiales se habrían planteado propiciar o poner en marcha cambio legislativo alguno en referencia a este asunto.
