Publicado en el nº 2.720 de Vida Nueva (del 11 al 17 de septiembre de 2010).
La decisión del Gobierno francés de expulsar en masa a ciudadanos de etnia gitana ha desatado un debate en el que la Iglesia ha tenido su propia voz, cuestionando la medida y convirtiéndose en adalid de las protestas ante lo que los prelados consideran “una amenaza contra la libertad”. Tanto la Conferencia Episcopal gala como algún obispo aislado, han destacado el derecho de las personas a la libre itinerancia y el rechazo a la “expulsión masiva”, con especial atención a los niños, enfermos y ancianos. Otra respuesta desde la fe es el encuentro celebrado en el Alto Marne y que ha reunido a “gentes del camino” de toda Francia para expresar su fe y su rechazo a la ley. El debate se ha extendido por otros lugares de Europa y promete continuar en próximas fechas.
Uno de los derechos fundamentales garantizados por todos los Estados democráticos es el de la libre circulación de personas, aunque la realización de actividades ilegales constituye una causa suficiente para limitar su ejercicio por razones de orden público. La expulsión en Francia de ciudadanos rumanos y búlgaros de raza gitana ha puesto sobre la mesa un debate no exento de prejuicios ideológicos. Tal vez las autoridades francesas podrían haber actuado con procedimientos individuales más que optar por la expulsión en masa, pese a que el establecimiento de campamentos favorece el trabajo de las mafias. Un problema delicado, sin lugar a duda. La plena integración de los inmigrantes es el único camino para hacer frente a la realidad multicultural. Las razones que invoca París ante la Unión Europea están basadas en la propia normativa comunitaria, que permite excepciones a la libre circulación cuando no hay recursos suficientes para la permanencia en el país o cuando ésta suponga una carga desproporcionada a la Seguridad Social.
Nicolás Sarkozy ha planteado una solución a este problema que ha levantado no pocas críticas. La expulsión en masa fue rechazada por Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes e Itinerantes, quien antes de realizar esas declaraciones ya había presentado su dimisión por razones de edad. El momento de hacerla efectiva y pública ha desatado dudas sobre el apoyo vaticano a esta deportación en masa que, según el arzobispo italiano, no se ajusta a la ley comunitaria.
Y es precisamente esta “expulsión masiva” en contra de lo que la Iglesia ha levantado la voz en Francia, sorprendiendo a ciudadanos que tradicionalmente la habían acusado de conservadora. Ha sorprendido también al propio Gobierno, que venía viviendo cierta sensación de luna de miel con el presidente galo, abanderado de la “laicidad positiva”, tan alabada por el Papa. Algún prelado francés ha equiparado esta expulsión con la Shoa, y el propio cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París y presidente de la Conferencia de Obispos de Francia, ha defendido ante el ministro del Interior del país, Brice Hortefeux, la intervención de la Iglesia en el asunto. El interés mostrado por la Iglesia “no es para impugnar la aplicación de la ley, sino para garantizar que se aplique de una manera humana, respetando a las familias y los niños”. La Iglesia es testigo de la miserable situación de estas poblaciones y no puede permanecer indiferente.
La voz profética de la Iglesia en Francia sugiere cómo el cristianismo puede llegar a ser molesto para los políticos. En Francia, la Iglesia venía pronunciándose con más acento en temas morales y éticos, lo que le había valido no pocas críticas. Esta postura devuelve a la Iglesia en Francia una de sus más preciadas características.
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