ELSA GONZÁLEZ DÍAZ DE PONGA | Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
Los medios y los periodistas cumplen con su obligación cuando publican una información verificada, de interés público, esté o no bajo secreto de sumario. Es un derecho constitucional que el periodista debe ejercer con responsabilidad y compromiso ético.
El ministro de Justicia ha desatado la polémica al barajar la posibilidad de sancionar a los medios que publiquen filtraciones durante la investigación de procedimientos. Comparto la propuesta de debatir sobre las filtraciones, pero rechazo que se multe a los medios para evitar que salgan a la luz informaciones reservadas y apelo al derecho de información y libertad de expresión plasmado en la Constitución.
El servidor público es quien tiene la obligación de confidencialidad, y, en caso de que suministre datos reservados, se expone a una responsabilidad penal por un delito de revelación de secretos.
El periodismo ha realizado grandes aportaciones a la sociedad: actúa frente al silencio y la ocultación de datos, ejerce como controlador del poder político y económico, y refuerza con su labor el sistema democrático. Gracias a los medios, ha sido posible conocer numerosos casos de corrupción y fraude con dinero público.
Los periodistas tenemos un compromiso ético con la verdad de nuestras informaciones, y también con el secreto profesional. Además, el Estado de Derecho cuenta con mecanismos legales para sancionar si se ha transgredido alguna norma. No precisamos un cambio de legislación que menoscabaría el ejercicio profesional y que podría conducir a informar desde ‘paraísos informativos’. ¿Quién persigue a medios radicados fuera de nuestra geografía? Internet traspasa cualquier muro informativo. El ministro, en vez de perseguir al “mensajero”, podría centrarse en quién filtra.
No es nueva la polémica. Desde los años 80, distintos gobiernos han amenazado a la prensa para evitar la publicación de filtraciones. Periodistas y editores hemos sido rotundos en el rechazo. Somos conscientes, sin embargo, de que debemos enjuiciar permanentemente nuestra actuación ética. Por ejemplo, una vez verificados los datos, qué riesgos asumimos al hacer pública una información que suministra una fuente, seguramente interesada, y, a veces, anónima; o calibrar si nos convertimos en instrumento del filtrador. Además de confirmar y consultar fuentes, su actuación debe ser responsable, humana y comprometida. Es lo que diferencia al periodismo de las redes sociales.
Somos conscientes de que algún país vecino tiene una consideración más estricta con los medios que revelan información secreta, aunque los sumarios tampoco permanecen reservados años, como ocurre en España. La FAPE ha apostado por la autorregulación a través de un órgano independiente, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. La mayoría de los medios se han adherido a sus resoluciones.
Muchos juristas consideran que la autorregulación es la solución. El periodista cumple con su misión de informar, sin olvidar que debe tratar de no lesionar la dignidad y el honor de los afectados. Ser investigado no altera su presunción de inocencia.
En el nº 2.940 de Vida Nueva
