PEDRO ALIAGA. ROMA | Por lo que leo en diversos medios, es muy difícil que en España se enteren realmente de lo que supone la decisión del Gobierno italiano –consensuada con la Conferencia Episcopal– de que la Iglesia italiana pague el impuesto conocido como ICI. La sustancia del asunto es que las entidades eclesiales que tengan un inmueble (o parte de él) dedicado exclusivamente a una actividad comercial paguen el impuesto que en España se llamaba “contribución urbana” (no sé si se seguirá llamando así), relativo a ese inmueble o a la parte del inmueble donde se ejerce dicha actividad.
Ese impuesto lo hemos pagado hasta 2005. El Gobierno de Berlusconi lo quitó en dicho año, tras una pintoresca discusión en el Parlamento, de la que recuerdo los aspavientos de un diputado en la tribuna, clamando al cielo porque querían imponer tributos a las estampas de san Antonio de Padua.
Que volvamos a pagar el impuesto me parece justo y no tiene nada del otro mundo, porque se trata de cantidades de dinero muy pequeñas, relativas a un número discreto de inmuebles; con su pago, ni la Iglesia ni los ayuntamientos van a ser ni más pobres ni más ricos.
Sin embargo, me gustaría dejar una moraleja de toda esta historia. La polémica creada en torno a este tema me parece un absurdo solemne. Pero no menor –con todos los respetos– que la benevolencia con la que la Iglesia italiana, en su día, acogió la exención del impuesto, al que debería haber dicho, simplemente, que no le importaba seguir pagándolo.
La polémica ha hecho mella fácil y barata sobre la competencia desleal en un tema comercial (un tema que debería serle familiar a la Iglesia española, en el que estribó buena parte del anticlericalismo de principios del siglo pasado en nuestro país) y, de paso, sobre los presuntos privilegios de la Iglesia en materia tan sensible en nuestros días como el pago de los impuestos. Hay ahorros que a la postre resultan caros… Es bueno tomar nota.
En el nº 2.790 de Vida Nueva.
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