“¡Basta ya de tanta corrupción, impunidad y violencia!”

La Iglesia mexicana exige que se esclarezca el caso de los 43 estudiantes desaparecidos

FELIPE MONROY | CIUDAD DE MÉXICO. La historia de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa detenidos por agentes policiales y desaparecidos desde el 26 de septiembre en el municipio mexicano de Iguala, Guerrero (VN, nº 2.913), parecía concluir con las revelaciones que las autoridades judiciales hicieron recientemente del caso: los estudiantes fueron asesinados, incinerados y arrojados a un basurero. Sin embargo, ni los familiares ni la sociedad han aceptado las afirmaciones ministeriales y exigen que continúen las pesquisas para dar con su paradero.

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A 45 días de los hechos, se ha capturado a más de 70 presuntos culpables (incluido el presidente municipal y su esposa, a quienes se adjudica la orden contra los estudiantes), fue removido el gobernador del Estado de Guerrero, se encontraron media docena de fosas clandestinas con una cantidad indefinida de cadáveres, se ha implicado a los liderazgos de diferentes partidos políticos y la manifestación social de indignación se ha convertido en masiva y ya ha sobrepasado las fronteras de México.

El pasado 7 de noviembre, el procurador de Justicia de la nación, Murillo Karam, sostuvo una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En ella les informó de los avances de una investigación en la que, tras la declaración de dos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, se dio con la ubicación de los restos de una cuarentena de cadáveres calcinados que podrían corresponder a los jóvenes de Ayotzinapa. La dificultad de la verificación del ADN de los desaparecidos entre los restos localizados, así como la desconfianza acumulada en las últimas semanas, orilló a las autoridades ministeriales a declarar que “continuarán con las pesquisas en la búsqueda de los desaparecidos”.

 

Solidaridad episcopal

En medio de este escenario, los obispos del Estado de Guerrero han enviado una carta de solidaridad a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa muertos y desaparecidos:

“Unidos a su dolor y sufrimiento, nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar nuestro consuelo y esperanza y los sentimientos de cercanía y de solidaridad. Este hecho nos ha conmovido a nosotros al igual que a gran parte de los mexicanos. Queremos ofrecerles nuestra cercanía y nuestra ayuda para que puedan superar el dolor que no se puede expresar con palabras, por medio de la fe y del amor de los hermanos. Les hemos pedido a las parroquias donde viven que caminen junto a ustedes, que les escuchen y les proporcionen la ayuda que necesiten para seguir consolándose y llenándose de esperanza. Queremos animarlos a seguir mirando hacia adelante y no quedarse con el dolor atorado en su alma”.

Protesters gather in Mexico City, demand more information about 43 missing studentsEn el panorama particular de Guerrero, los obispos señalan la necesidad de acompañar “a las miles de familias que en los últimos años han sufrido secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y muertes de sus miembros”. Y, al mismo tiempo, se comprometen a “acompañarles en la fe para que puedan experimentar consuelo y esperanza y para que puedan perdonar y sanarse de las heridas y el enojo que haya brotado en su corazón”. Con tal fin, la Iglesia local ha instalado en el estado 15 centros de acompañamiento a víctimas, se ha acercado a las familias de los jóvenes desaparecidos y ha hecho un llamado formal para el saneamiento de las instituciones públicas.

El cardenal Francisco Robles Ortega, presidente del Episcopado mexicano, también ha reiterado que la Iglesia mantendrá “cercanía y solidaridad con los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos”. Al mismo tiempo, ha exhortado así a todos los niveles del Gobierno: “Uniendo nuestra voz a la de toda la sociedad, decimos: ¡Basta ya de tanta corrupción, impunidad y violencia!”.

A su vez, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha hecho un llamado “respetuoso y enérgico” a las autoridades para llevar la investigación hasta las últimas consecuencias: “Para que se conozca con certeza lo que ha sido de los desaparecidos y se sancione con todo el peso de la ley a los autores intelectuales y materiales”. En la antesala de su 98ª Asamblea Plenaria, los obispos exigen “hacer valer el Estado de derecho para poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado”.

En el nº 2.917 de Vida Nueva

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