Así funciona una oficina de atención a las víctimas de abusos

  • En abril se puso en marcha la Comisión Diocesana para la Protección de Menores del Arzobispado de Toledo
  • Aunque no se han producido denuncias de casos nuevos la actividad no ha cesado desde entonces

Lourdes Carrazoni Prous es psicóloga y, desde el pasado mes de abril, la responsable de la Comisión Diocesana para la Protección de Menores del Arzobispado de Toledo. Un organismo que tiene su sede en el Centro Diocesano de Apostolado Seglar y que ha sido creado para recibir, escuchar y acompañar a las víctimas de abusos o explotación sexual y que el papa Francisco ha pedido que exista en todas las Iglesias locales. La directora de esta comisión comparte con Vida Nueva los trabajos realizados en estos meses.



PREGUNTA.- ¿Cuál es la tarea fundamental de la comisión diocesana?

R.- El objetivo primordial y básico es el de atender, prevenir, formar, detectar y denunciar los casos de abuso sexual perpetrados por cualquier miembro del personal o colaborador en las actividades pastorales llevadas a cabo por la diócesis de Toledo. Así, la atención va dirigida tanto a las víctimas y sus familias como a los supuestos agresores, dando respuesta a cada uno según necesidad.

Para ello, se dará atención principal a las víctimas y a los supuestos agresores tanto psicológica, espiritual como jurídica. Todo ello será valorado previamente por la Comisión en concordancia con la Vicaría General, que a su vez informará en cada momento de cualquier movimiento o necesidad planteado por la Comisión al señor arzobispo, dando luz verde así a cada tramitación y actuación.

Acompañamiento integral

P.- En Toledo, ¿Cómo se ha organizado la oficina para realizar sus funciones?

R.- Primero se realiza una evaluación de la credibilidad del testimonio del menor en los supuestos de sospecha. Si hay verosimilitud en los hechos, se pone en marcha el protocolo de actuación y se ayuda a los menores agredidos sexualmente prestándoles asistencia mediante los siguientes procedimientos:

  • Teléfono de atención e información mediante el que se atienden todas las llamadas de denuncia, consulta o cualquier tipo de información que se solicite sobre este tema.
  • Despacho jurídico, asesorando y dando recursos y todas aquellas gestiones que se dirijan a una eficaz aplicación de la justicia.
  • Atención psicológica, prestando ayuda y tratamiento en aquellos casos que así lo requieran, tanto a la víctima como a sus familiares a través de terapia individualizada.
  • Atención espiritual, acompañando a la víctima y a sus familiares en cuestiones de orden moral.

P.- ¿Qué perfiles componen la comisión?

R.- La Comisión está compuesta por una psicóloga experta en infancia y en derecho canónico como directora. A su vez también la componen un miembro abogado y experto en derecho canónico, un doctor en teología y experto en psicología y un doctor en derecho canónico y ex oficial de la Congregación para la doctrina de la Fe.

La atención que se presta es de carácter especializado con profesionales expertos en la materia; es de carácter global, pues su actuación está orientada tanto al menor como a su entorno familiar y la intervención tiene un enfoque multidisciplinar coordinada con el ámbito espiritual, judicial y psicológico. Es importante que la Comisión cuente con personas cualificadas para esta materia para que los menores y personas vulnerables encuentren una atención adecuada, rápida y eficaz.

Además, se apoya a la familia y a la red del menor, como principales fuentes de apoyo del mismo, con el objeto deconseguir actitudes adecuadas a la situación para que sepan cómo abordar el problema. Para todo ello, se propicia la denuncia del abuso para que ninguna agresión a un menor quede impune.

Apostar por la prevención

P.- ¿Cómo está siendo la experiencia tras el recorrido de estos meses?

R.- La Comisión ha estado en todo momento conectada y al día, trabajando tanto en la implementación de su actividad como en la mejor forma de desarrollar la actividad encomendada. Para ello y además del protocolo de actuación, la comisión está realizando un proceso de formación paralelo y completo para una actuación y prevención óptimas y así dar respuestas eficaces y adecuadas al alcance de tales situaciones de abuso y así asegurar la correcta atención a las futuras víctimas y la formación adecuada a todo el personal que trabaja con menores.

En nuestra diócesis no ha surgido la necesidad de atender ningún caso de abuso sexual por parte de ningún miembro, tanto clerical como seglar, por lo cual, es una suerte no contar registro de actividad en este aspecto. Aun así, es primordial estar preparados para cualquier acontecimiento y contamos con las líneas de actuación para dar respuesta si surge la oportunidad.

P.- ¿Cómo hacer compatible la transparencia de la Iglesia con la discreción y confidencialidad del acompañamiento de las víctimas?

R.- Si se tiene constancia de un daño a un menor o persona vulnerable, toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las autoridades, por lo que se deberá informar directamente a la Fiscalía. Si no es posible, se podrán dirigir a la Policía Nacional o Guardia Civil. Existen dos posibilidades: denunciar o comunicar.

En el caso de que sea un religioso, sacerdote o seglar al servicio de la diócesis, se informará también a la jerarquía eclesiástica ya que los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso. Se elaborará un comunicado oficial en el que se condene cualquier tipo de abusos y se pedirá perdón a la persona que sufrió los abusos y a su familia, y se expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades para lo que sea necesario y protegiendo en todo momento los datos personales tanto de víctimas como de acusados. Dicho comunicado se publicará en todos los canales institucionales del centro o institución y se enviará a los medios de comunicación.

Una vez presentada la comunicación o denuncia penal, la Fiscalía se encargará de la investigación correspondiente y de llevar ante el juez al presunto agresor. Por ello, la Iglesia es la primera en denunciar y poner en conocimiento de las autoridades de una noticia, al menos verosímil, de un delito de abuso sexual a un menor o persona vulnerable, cuidando de no trascender los datos personales como medida de protección a ambas partes, víctima y victimario. Ello no exime de que se le puedan imponer medidas temporales de carácter cautelar al presunto agresor y de acompañamiento, apoyo y protección a la víctima durante todo el proceso.

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