El Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por la formación Zaragoza en Común, aprobó el pasado 27 de marzo la presentación de un requerimiento al Gobierno y al Arzobispado, así como la de una demanda judicial para reclamar la titularidad pública de la catedral zaragozana y de la iglesia de La Magdalena. Según el portavoz municipal, Fernando Rivarés, el consistorio quiere “esclarecer la propiedad de esos bienes” y “conseguir la nulidad del registro porque contraviene la legislación hipotecaria vigente”.
La marca de Podemos en la capital aragonesa ha emprendido estas acciones tal y como pidió en una moción Chunta Aragonesista y que ellos y el PSOE apoyaron, mientras Ciudadanos se abstenía y el PP votaba en contra. No obstante, estos no serán los únicos bienes que la Iglesia lleva custodiando durante años que el consistorio quiere arrebatarle. De hecho, han pedido al Gobierno regional un inventario de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978.
El alcalde, Pedro Santisteve, visitó al arzobispo para hacerle sabedor de que iba a iniciar un proceso sobre las inmatriculaciones. “Nada más. Ante la falta de información y los pocos argumentos legales esgrimidos, nos hemos personado en el Ayuntamiento para realizar un seguimiento del expediente y ver sus límites legales”, dice a Vida Nueva el sacerdote y director de comunicación del Arzobispado, José Antonio Calvo.
Por su parte, el abogado del Arzobispado, Ernesto Gómez, indicó en rueda de prensa que “vamos a ser activos en nuestra acción, en la defensa de los derechos de unos ciudadanos que también nos deberíamos sentir representados por el alcalde de Zaragoza”. Así, “tenemos argumentos jurídicos contundentes”, añadió.
“Se trata de una acción propagandística”
En el Arzobispado no se muestran preocupados al respecto: “No existe ningún temor a que nos quiten la titularidad de los templos. Se trata de una acción propagandística, sin ninguna base real”, explica Calvo. Además, “ya tenemos experiencia, por ejemplo con el templo del Pilar, en Calanda, y la Justicia falló a nuestro favor”. Y es que el hecho de que estos bienes son propiedad de la Iglesia “está histórica y jurídicamente probado”, sentencia. “Lo que nos preocupa –continúa– es que el debate se está llevando al terreno ideológico”.
Publicado en el número 3.031 de Vida Nueva. Ver sumario
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