El caso del sacerdote Farrell, trasladado “por su integridad física”, se suma a otras tantas experiencias similares que ocurren en el país.
“En los últimos meses y, especialmente en los últimos días, las advertencias con significado de amenaza, se han reiterado puntualmente en la zona de Cuartel V y en la persona del padre Eduardo Farrell”, dice una carta de la diócesis de Merlo-Moreno (Buenos Aires). La misiva, firmada por Fernando Maletti, Oscar Miñarro y Fabián Sáenz, obispo titular, auxiliar y vicario general de esta diócesis, respectivamente, comunica la separación del sacerdote de esta comunidad “por su integridad física ante reiteradas amenazas e intimidaciones”.
Luego de la dolorosa muerte de Juan Viroche en Tucumán, en octubre pasado, incentiva a luchar el conocer que un obispo y una comunidad quieren cuidar a este sacerdote tan comprometido con la lucha contra el narcotráfico, y lo hacen público.
“Debemos tomar conciencia del avance en nuestros barrios –prosigue el texto– del comercio de drogas ilícitas, con todo lo que ello significa: peligroso deterioro de la salud de nuestros jóvenes y, muchas veces, brutales enfrentamientos por el control del territorio”.
Frente a esta realidad, el compromiso humano y pastoral de Farrell terminó enfrentándose “con los mezquinos y oscuros intereses de quienes solamente buscan el poder territorial y el rédito económico a cualquier costo con negocios ilícitos y sospechosas complicidades”.
Pero las amenazas y la persecución de este sacerdote no es algo nuevo. Desde hace tiempo distintas personas de diversos ámbitos, no solamente eclesiales, “han recibido claras señales de que su accionar y su prédica significaban una molestia para los sectores que se desenvuelven al margen de la ley”. Y mencionan la marcha del silencio realizada de forma pacífica hacia la comisaría del barrio, el pasado 22 de diciembre, en donde se manifestaron por el asesinato del militante social César Méndez. En esa marcha, “el único orador fue el padre Eduardo, párroco del lugar (donde se hizo presente el Padre Obispo). A partir de ese momento comenzaron las intimidaciones”, da cuenta el comunicado.
Sin embargo, la decisión de retirar a Farrell de su parroquia –a un lugar que, lógicamente, no ha sido dado a conocer– no significa que la Iglesia diocesana de Merlo-Moreno dejará a la gente a merced de los delincuentes: “reiteramos nuestro compromiso como Iglesia de seguir trabajando junto a nuestros hermanos y hermanas que están clamando, con toda razón y justicia, por su derecho a una vida digna”, sostiene el mensaje.
Enumerar el mal que aqueja
En seguida, la Comisión Nacional Justicia y Paz (CNJP) manifestó su entero apoyo a esta diócesis mediante otro comunicado en el que resaltan que lo ocurrido en esta Iglesia particular “no es una voz solitaria”.
“También en otros lugares del país se viven situaciones similares –denuncia CNJP– aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia. La voz de la diócesis de Merlo-Moreno es valiente y profética, porque ni la indiferencia ni el temor cierran los ojos o acallan las palabras ante la injusticia”.
Y detalla: “Tanto la Iglesia como distintos actores de la sociedad civil y del propio Estado, vienen insistiendo en un sinceramiento de lo que nos sucede. Se podría hacer una larga enumeración de males: la naturalización de la violencia, los estragos de las adicciones, el narcotráfico, la corrupción, los abusos de poder, las injusticias que padecen especialmente los que menos tienen”. En seguida, el comunicado de CNJP incentiva la lucha: “Enumerar los males que nos aquejan puede ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad. Sería altamente perjudicial si matara la esperanza, si adormeciera, si anestesiara el hambre y sed de superación naturalizando situaciones”.
“O estás de acuerdo o te despachan”
Días antes de darse a conocer la decisión del obispado de Merlo-Moreno, al norte del país, en la ciudad de Itatí (Corrientes), Pánfilo Ortega, vicario de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí –a cargo de los Hijos de la Divina Providencia, congregación fundada por san Luis Orione– explicó a la prensa que el rector de dicho templo, Gustavo Cadenini, tuvo que ser trasladado a otra comunidad porque estaba siendo perseguido por los narcos. “Lo quisieron atropellar más de una vez en la ruta porque el padre hablaba de ellos y les hacía frente desde el altar. Acá, o estás de acuerdo con ellos o te despachan”, reveló Ortega a Radio Sudamericana. De esta manera, este religioso dejaba al descubierto una situación que se venía manteniendo en reserva.
Tanto en sus homilías como en entrevistas periodísticas locales, Cadenini advertía que en esa localidad correntina el narcotráfico se desarrolló como un “cáncer”. Utilizaba este término porque “empezó como algo chico y se fue agrandando”. “Me da fastidio que utilicen a los chicos para llevar y traer droga, eso es invertir para el fracaso”, se lamentaba. Pero en diciembre último fue destinado al Cottolengo en Paraguay, en algo que se había hecho pasar como una obediencia a su superior, algo típico en las congregaciones religiosas.
“No es novedad lo que pasa acá, todos lo saben y nadie dice nada por miedo”, opinó Ortega. “Ya hace rato que se viene hablando de esto y todo se acentuó más cuando ganaron las elecciones”, dijo en referencia a las autoridades municipales.
Días más tarde, el 14 de marzo, la Gendarmería Nacional, en una serie de allanamientos, terminó con la detención del intendente de la ciudad de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y del viceintendente, Fabio Aquino, en una causa por narcotráfico en la que ya había sido apresados la hija del intendente, Mariela Terán, su pareja, Ricardo Piris, y el hermano del viceintendente, Hernán Aquino.
NICOLÁS MIRABET. BUENOS AIRES
