Escuelas Católicas duda de la voluntad de la formación morada para querer llegar a firmar un acuerdo estatal
José María Alvira, secretario general de EC, durante su intervención ante la subcomisión parlamentaria
JOSÉ LORENZO | Cuando han pasado ya una treintena de comparecientes ante la subcomisión parlamentaria encargada de trabajar en favor de un Pacto Educativo que deje a la enseñanza fuera de las disputas políticas, se abre paso la sensación de que Podemos –que se abstuvo en la votación para la formación de esa comisión– acabará torpedeando el deseado acuerdo. Esa es la impresión que se tiene en Escuelas Católicas, cuyo secretario general, José María Alvira, intervino ante ella el pasado 6 de marzo.
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“La primera condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él”, les dijo el religioso marianista, quien reclamó de los distintos grupos políticos “dosis de buena voluntad y de altura de miras”, según la nota de prensa difundida por esta organización eclesial, que aglutina a más de 2.000 colegios.
Alvira detectó en algunos de los grupos representados (como PP, PSOE o Ciudadanos) “buena disposición para llegar al acuerdo”, según confirmó en conversación con Vida Nueva. No así en Podemos, cuya actitud “plantea interrogantes sobre la voluntad de querer firmar el Pacto Educativo”. “Exhibieron un discurso rancio, de hace muchos años, y en donde mezclaban los temas”, señala el religioso, que acudía para abordar el tema de la enseñanza concertada. “Pero en cuanto salía la Iglesia, disparaban al bulto con el tema de los negocios de los colegios religiosos, el Opus Dei, los nombramientos de los profesores de Religión…”.
También detectó Alvira –y no solo en Podemos– que “el punto controvertido” para el pacto será la asignatura de Religión más que los conciertos.
Y para abordar estas dificultades y trabajar en una postura común, se reunió el 2 de marzo la llamada Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo. “Fue un primer encuentro muy productivo, que sirvió para intercambiar impresiones, pero es muy positivo porque es la primera vez que desde la Conferencia Episcopal se intenta aglutinar a todos los actores eclesiales educativo. Se pretende ir con una posición común, pero respetando la pluralidad de las voces que representan los colegios, los padres o los colectivos de profesores”, señala a esta revista una de las personas presentes en la reunión, que fue dirigida por el presidente de los obispos, Ricardo Blázquez.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se refirió, por su parte, a las “líneas rojas” que debería respetar el Pacto Educativo. Son las que tienen que ver con “el derecho de los padres a poder elegir la educación religiosa para sus hijos, [que] no es el derecho de ningún político de turno que esté mandando en ese momento”, afirmó en un desayuno organizado el 3 de marzo por el Fórum Europa. “Hay que evitar la politización del derecho a la libertad de educación”, abundó, recordando la legislación vigente, para acabar preguntándose quién tiene que educar: “¿El Estado o la familia? Dependiendo de lo que contestemos, haremos dictaduras o crearemos libertad”.
Una nueva batalla en Valencia
De “clara intencionalidad de polemizar, descalificar, faltar al honor y calumniar” tildan en la Archidiócesis de Valencia la acusación de la diputada por Compromís, Isaura Navarro, de que el anterior Gobierno del PP “financió a la Iglesia católica de manera irregular” al menos durante nueve años. Según la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, la Consejería de Educación habría estado pagando a 22 empleados del Arzobispado que figuraban como profesores de Religión en centros públicos, pero que no daban clase.
“La verdad de los trabajadores a los que alude la diputada es que realizaban su labor como formadores de los profesores de Religión, ninguna otra”, respondió la Archidiócesis el 7 de marzo en un comunicado. Además, subraya, se hacía “en acuerdo y delegación de la Consejería”, y anuncia que “se reserva la interposición de medidas legales contra la diputada.
Publicado en el número 3.027 de Vida Nueva. Ver sumario
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