Reacciones a la agudización de la violencia contra luchadores sociales
Aumenta la preocupación por el reagrupamiento y la intensificación del paramilitarismo. Al respecto se pronunció recientemente Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó. A través de un comunicado, dado a conocer el 3 de febrero, el prelado hizo hincapié en la multiplicación de asesinatos contra personas comprometidas con cambios sociales y políticos, particularmente en “el modo atroz como silencian a reclamantes de tierras”, entre los cuales recordó a Porfirio Jaramillo, del consejo comunitario de La Larga Tumaradó (Turbo).
De manera específica, el obispo se refirió, además, al control bélico de los territorios vinculados con el fenómeno de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en su región. “¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado?”, “¿hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado (en La Habana)?”, “¿hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos?”, son algunas de las preguntas que monseñor Torres incluyó en el documento. El prelado le exigió al Gobierno que se pronuncie con claridad al respecto, sin “sofismas de distracción”.
La sucesión de hechos victimizantes persiste en el Urabá. Un reciente informe de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia acciones que incluyen retenciones y amenazas de muerte con lista en mano. Más aún, el 23 de enero, según el texto, paramilitares violaron a una menor de edad en la vereda La Hoz. “El Gobierno aún se mantiene sordo y mudo ante el clamor internacional por la barbarie a la que somos sometidos sin compasión por sus agentes”, plantea el documento.
Un desafío para la implementación
Abilio Peña, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, afirma que “si no hay una real voluntad política del Gobierno para hacer un desmantelamiento de estas estructuras va a ser muy complicado que se pueda fortalecer el proceso de paz en Colombia”. Ve complicidad entre la fuerza pública y las autodefensas gaitanistas en Curvaradó, donde, según plantea, la población civil es hostigada sin una reacción decidida por parte del Batallón 54, acantonado en un predio ocupado de mala fe por un empresario ajeno al proceso organizativo.
Según el teólogo, si bien hoy el fenómeno paramilitar está menos articulado nacionalmente, existen poderes regionales con capacidad de armar y desarmar hombres según su conveniencia. “El paramilitarismo no es esa estructura armada solamente, el paramilitarismo es económico y político”. Recientemente Justicia y Paz divulgó un informe en el cual pone de manifiesto relaciones entre algunas empresas bananeras, el negocio del narcotráfico y el fenómeno paramilitar en Urabá.
El proceso de desarme y de reincorporación de antiguos guerrilleros de las FARC a la vida civil plantea el desafío no solo de la salvaguarda de la vida de excombatientes, sino también de la seguridad de la población civil y sus líderes. Para hacer frente a estos retos, Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ), ha creado una casa de protección en Apartadó. Entre las funciones de la iniciativa está contribuir a generar pedagogía entre la gente, para entender el proceso de paz y la necesidad de que la población civil participe activamente en la implementación de los acuerdos. En segundo lugar, hacer veeduría ciudadana, informando acerca del avance o no de aspectos como las condiciones de vida en las zonas de normalización y alrededores. Según DIPAZ, se nota voluntad por parte de la guerrilla de entregarse al proceso de paz y a las trasformaciones que se tienen que dar de cara a la vida política. Preocupa que el Gobierno no cumpla con sus responsabilidades, como se ha podido ver en las últimas semanas en el caso del acopio de las zonas veredales. “Burocracias terribles no hacen práctico el desarrollo del proceso; (…) ojalá no pase con las demás etapas lo que está pasando en esta etapa de la llegada de los guerrilleros a los puntos transitorios”, dice Peña.
Para que la vida nueva que se está gestando en el país tenga futuro es fundamental el desmonte del paramilitarismo y posibilidades reales para una apertura democrática en las regiones, capaz de redefinir las dinámicas económicas. Peña subraya que solo el 1% de los campesinos llega a la universidad en Colombia y la desnutrición infantil se agudiza en sitios como La Guajira, por cuenta no sólo de la corrupción sino de la exclusión que el modelo económico mismo impone.
Motivos para la impunidad
La lectura del aumento de la violencia contra personas comprometidas con procesos de cambio social requiere discernimiento, en opinión del padre Alberto Franco. Según el redentorista, se precisa un abordaje diferencial tanto de las víctimas como de los victimarios. Si bien en un alto porcentaje de los asesinatos se comprueba una sistematicidad en cuanto al perfil de los afectados (líderes de diferentes regiones del país trabajando por el proceso de paz o gente que estaba reclamando tierras, denunciando atentados contra el medio ambiente o violaciones a derechos humanos), habría que hilar fino para una definición del perfil que adquiere en cada situación el responsable, con el fin de avanzar en una comprensión del trasfondo de estos hechos.
Durante años muchas muertes fueron enmarcadas en el desarrollo del conflicto armado, razón por la cual se impuso un velo sobre sus causas reales. Hoy se tienen que develar los intereses económicos que persisten sobre los territorios en los cuales están ocurriendo.
Emilsen Manyoma, líder vallecaucana asesinada
Emilsen Manyoma, la líder de la red CONPAZ en el Pacífico vallecaucano que fue asesinada a inicios de año en Buenaventura, se opuso abiertamente a los proyectos de infraestructura previstos en la ciudad puerto con impacto en los territorios colectivos de las comunidades negras. Se solidarizó con la realidad de las víctimas de desplazamiento de las comunidades indígenas de la región. Y denunció el fortalecimiento del narcoparamilitarismo de agrupaciones como “Los Urabeños”, responsables de su muerte. El crimen tiene el agravante de haber sido cometido por uno de sus hermanos, desertor de las FARC, que se unió a la actividad de estos grupos.
“¿Cuánto dinero del narcotráfico termina pasando por sistemas bancarios? ¿Cuánto termina en grandes empresas? ¿Cuánto del capital internacional se sigue lucrando del tema de armas que genera el narcotráfico? ¿Cuánto se financia del sistema de precursores químicos?”. Preguntas de este tipo plantea el padre Franco en su lectura del fratricidio. Según el religioso, un sometimiento a la justicia por parte de grupos paramilitares pondría en evidencia hoy en día el conjunto de poderes que se benefician de lo que el Ministro de Defensa ha dado en llamar “crimen organizado”.
Lo anterior podría ser una de las razones que explican que el paramilitarismo continúe actuando impunemente y no parezcan haber avances en su desmantelamiento.
Miguel Estupiñán
