Mauricio García. Coordinador de la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica

“Si no acogemos al migrante, no podemos llamarnos cristianos”

Mauricio García dirige el Servicio Jesuita para Refugiados en Colombia y es coordinador, además, de la red para América Latina con que la Compañía de Jesús se ha propuesto hacer frente a los desafíos de la migración y el desplazamiento en el continente. Mientras estas situaciones se intensifican y las políticas de los gobiernos resultan insuficientes con relación a los dramas humanitarios que se multiplican, los jesuitas se han propuesto promover una cultura de la hospitalidad. En un mundo donde se estimula el libre movimiento de los bienes, cada vez hay más restricciones para las personas que se ven obligadas a la movilidad y al desarraigo por cuenta del capitalismo y la violencia. Una ironía, según García, a quien Vida Nueva consultó para analizar uno de los retos de nuestro tiempo.

¿Cuáles son los grandes flujos migratorios que hay en América Latina?

Uno, el flujo de Centro América hacia Estados Unidos y México, cada vez con más dificultades. Hay gente que decide quedarse en México, con un problema de arraigo en un contexto social y político donde la violencia y el narcotráfico siguen teniendo un peso muy fuerte en la dinámica que se está viviendo. Otros han tomado la decisión de echarse hacia el sur, hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Muchos de los rostros de este flujo crítico corresponden a campesinos e indígenas, que están huyendo igualmente de la violencia en su país, como el caso de los salvadoreños. Un rostro que, en el caso de Centro América, llama mucho la atención es el de los niños, niñas y jóvenes que están saliendo impulsados por las condiciones y, muchas veces, por sus mismas familias.

El otro flujo migratorio es el haitiano. La situación de Haití es una situación económica y políticamente muy inestable y difícil, que está generando expulsión de personas y ha llevado a que estén regados haitianos por todo el continente. En años pasados muchos fueron hacia Brasil porque había cierta dinámica económica, por las obras del mundial de futbol y de las olimpiadas. Eso concentró mucha mano de obra. Sin embargo, dada la situación política, el final de estas obras y la situación económica, muchos se quedaron sin trabajo y comenzaron un proceso de migración; algunos hacia Chile (el SJR ha registrado un incremento impresionante de la llegada de haitianos a ese país, alrededor de 20 y 25 mil en el último año y medio); otros aspiran subir hacia Estados Unidos y lo hacen por dos rutas: Brasil-Venezuela-Colombia-Panamá-Centro América o Brasil-Perú-Ecuador-Colombia…

El tercer flujo es el venezolano. Por el conflicto interno en Colombia, hasta hace unos cinco años el flujo principal en esta zona era desde aquí hacia Venezuela o desde aquí hacia Ecuador u otros países. Ahora la situación crítica es la situación de Venezuela. En todos los países de América Latina que he visitado se constata presencia de venezolanos. La gente con plata salió hace rato. Los que están saliendo ahora, en muchos casos, son gente de clase media empobrecida. Está llegando mucha gente con problemas de salud, que busca atención. Los servicios de salud, tanto en el lado brasileño, de Boa Vista, como en Norte de Santander están colapsados y quebrados porque por ley no pueden rechazar el servicio de urgencias. Algunos venezolanos llegan de manera legal, otros sin papeles. Es un fenómeno que se ha dado y que realmente plantea un reto muy serio. Llegan muchos adultos mayores y madres gestantes en situaciones muy difíciles.

¿Cómo se complejiza la comprensión del migrante en este panorama?

La diferencia entre migrante socio-económico y desplazado forzado o refugiado se vuelve muy borrosa en este momento y se desdibuja. En un momento dado se decía que los migrantes socio-económicos buscan un mejor nivel de vida, una alternativa. Sin embargo, cada vez más los migrantes que encontramos en América Latina y en Colombia son migrantes donde se combinan situaciones de pobreza y situaciones de violencia o dinámicas de economía ilegal que ejercen una presión muy seria sobre las comunidades para migrar; por ejemplo, la minería ilegal, el narcotráfico, etc.

En el caso de los migrantes venezolanos hoy en día se da, por ejemplo, una combinación de la crítica situación económica que están viviendo (escasez de alimentos, escases de medicinas y de posibilidades de acceso a servicios de salud) y una de las tasas de homicidios más grandes a nivel mundial. En un contexto como el de Venezuela, con una tensión y polarización política, con una situación económica como la que viven, con esos niveles de violencia… ¿cómo se considera al migrante? En muchos casos se trata de un migrante con necesidades de protección internacional y debería tener acceso al estatus de refugiado. Pero el gobierno colombiano no se lo quiere dar.

Y esa es una tendencia que se encuentra en otros países de América Latina, incluso Ecuador, que tenía una de las legislaciones más amplias en términos de refugio, pero que el año pasado solo concedió doce estatus de refugiado.

Esa situación de indefinición entre migrante socio-económico y desplazado forzado o refugiado se vive de una manera muy fuerte en Centro América. De la gente que está queriendo subir hacia México y Estados Unidos el estimado que hay es que están subiendo 400.000 centroamericanos cada año, prácticamente huyendo todos ellos de la situación de violencia, tan seria en El Salvador, igual que en Honduras y en Guatemala. Por eso instituciones como ACNUR consideran que son gente que está en una necesidad de protección internacional y requiere un estatus de refugiado.

¿Qué caracteriza a las políticas migratorias de los gobiernos latinoamericanos en el presente?

Por lo general, son políticas bastante discriminatorias; no de bienvenida a los inmigrantes, sino de restricción de la migración. Se han ido cerrando las fronteras: Nicaragua las cerró con Consta Rica, Costa Rica las cerró con Panamá, Panamá las cerró con Colombia. Igualmente ha habido problemas en la frontera con Ecuador. ¿Cuál fue la decisión del gobierno colombiano? La deportación. Ha ocurrido así por parte de otros gobiernos. Colombia deportó el año pasado, sin contar venezolanos, alrededor de 28.000 personas, 20.000 de los cuales eran de ascendencia haitiana.

No ha habido una estrategia de acogida. De pronto, el país que ha sido más abierto es Ecuador, que con la constitución tenía una política bastante abierta. Pero la ha ido restringiendo y ha ido poniendo algunos mecanismos y exigencias en temas migratorios. Por ejemplo, a los colombianos que necesitan protección los invita a que apliquen a la visa Mercosur, que les da posibilidad de trabajar; es una alternativa, pero es una visa que los convierte en migrantes socio-económicos, sin ningún tipo de protección, que deberían tener con el estatus de refugiado.

Detengámonos específicamente en la respuesta colombiana.

No hay una política clara. Uno no puede decir que haya con claridad una estrategia. Nosotros como colombianos tendríamos la necesidad de acoger a los venezolanos, como Venezuela acogió por muchos años a los colombianos. Sin embargo, no ha habido esa situación.

No pueden desconocerse los abusos que cometió el gobierno venezolano con los colombianos y la manera como fueron deportados, hace año y medio. La deportación se hizo de una manera bárbara, sin respeto de los derechos y la dignidad de las personas. Venezuela llegó a deportar incluso personas con el estatus de refugiado. Cuando se dieron cuenta que estaban metiéndose en un terreno complicado, decidieron parar las deportaciones y comenzaron a traer a la frontera a los colombianos que cogían sin papeles; no había una entrega formal a Migración Colombia. Eso generó una situación que es compleja y hubo abusos.

El problema ahora es la situación con la población venezolana, y ahí comienzan a darse situaciones de discriminación que no son fáciles.

Las tensiones que se han vivido entre Colombia y Venezuela en la frontera en el último tiempo llevaron a que se alimentaran sentimientos de xenofobia de lado y lado, cosa que no existía en la frontera, donde hay familias vinculadas. Una declaración como la del vicepresidente (“estas casas no son para esos venecos”) es una discriminación específica. Lo que hay detrás de eso es una presión muy fuerte para que la gente comience a buscar alternativas. Es parte de la tragedia que estamos viviendo.

¿Qué desafío plantea Trump de cara a la realidad migrante?

No se puede desconocer que en el discurso de Trump y en la manera como ha manejado las cosas hay un contenido anti-migrante muy fuerte. Sin embargo, antes, con Obama, ya había restricción al tema migratorio, así su política fuera más flexible. Obama montó la denominada frontera sur, una negociación con México, Guatemala, Honduras y el Salvador. En los últimos tres años es impresionante cómo el número de deportados directos de Estados Unidos disminuyó, pero aumentó en la frontera de México con Centroamérica. Con todo, sigue habiendo deportaciones de los Estados Unidos.

En Florence, Arizona, existe un centro de detención. Es una cárcel, con corte incluida para hacer los trámites de análisis y deportación. Se ven situaciones dramáticas: personas que llevaban 15 años en Estados Unidos; las cogieron, están a punto de ser deportadas y sus familias quedan en el país; los separan. Los hijos, nacidos en Estados Unidos, quedan solos y abandonados, muchas veces. Eso ya se venía dando.

Trump va a enfatizar el tema. Basta ver lo del muro. Se va a poner más difícil la situación de los migrantes. Es indiscutible que va a haber un reforzamiento de las políticas. Sin embargo, la pregunta que algunos se hacen es hasta dónde va a poder realmente implementar todo lo que ha planteado. Ya comienzan a haber resistencias. Varios estados han demandado sus medidas. Eso muestra que la implementación no es tan fácil. En un momento de efervescencia de la campaña electoral habló de deportar a los once millones de migrantes que estaban en Estados Unidos. No puede hacerlo. Eso implicaría un problema económico muy serio. Son once millones de consumidores.

La entrada a Estados Unidos se va a hacer más complicada para los migrantes. Ahí hay un reto muy fuerte que se viene. Otro tema que tendremos que afrontar y que no estaba en el horizonte de la mayoría de las organizaciones trabajando con migrantes y refugiados es el tema de los deportados. Es posible que Trump no pueda deportar los once millones que dice, pero con que deporte un millón ya es un problema serio.

¿Qué incidencia llevan a cabo los jesuitas a nivel mundial para hacer frente a estas realidades?

Lo que hemos tratado de hacer es coordinar esfuerzos. En el caso de América Latina tenemos la Red Jesuita para América Latina con Migrantes. Se han hecho intentos por incidir en los países donde están discutiendo, como Chile y Brasil.

A eso se suman acciones de conexión: por ejemplo, se han hecho acciones de incidencia en Washington, de mano de la conferencia de provinciales jesuitas de Estados Unidos, en favor de situaciones específicas en Honduras o en la frontera con Guatemala.

Igualmente tenemos presencia en Bruselas y en Ginebra y desde ahí se tratan de promover acciones a nivel internacional.

Se trata, ante todo, de generar una cultura de la hospitalidad en cada país.  Buscamos promover una actitud distinta frente al tema del migrante, del desplazado y del refugiado. Eso es radicalmente evangélico. ¿Quién realmente puede decir que es creyente? El que tiene la capacidad de reconocer al Señor presente en aquellos que viven estas situaciones dramáticas; de reconocer la presencia del Crucificado ahí en el migrante, en el refugiado, en el desplazado.

No podemos llamarnos cristianos si no somos capaces de acoger; si no si tenemos capacidad de sensibilizarnos, de sentir la realidad de las personas en esta situación y de darles una mano; de amarlos, de brindarles lo que implica el afecto y la caridad cristiana, que es acompañar y permitir que sean sujetos, ayudándolos a convertirse en actores de una sociedad distinta.

Sigue el desplazamiento forzado

“Las causas que están detrás del desplazamiento están relacionadas con temas económicos; a veces, de pobreza, sí, pero vinculados al desarrollo de grandes proyectos macro-económicos, ya sea de inversiones en hidroeléctricas, o al tema de minería ilegal o narcotráfico, con presencia de grupos armados. No en vano, a pesar de la tregua con las FARC y el proceso inicial de desmovilización, han seguido habiendo desplazamientos forzados en el país, básicamente, en Nariño, en el andén Pacífico y en la frontera con Venezuela del Catatumbo (Norte de Santander). Es una situación muy compleja”

Miguel Estupiñán

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