El obispo emérito, Antonio Ceballos, se ve implicado en el caso de los ERE
Ceballos y Chaves, expresidente de la Junta, en una foto de archivo
JESÚS SÁNCHEZ CAMACHO | La noticia supuso un auténtico terremoto entre los presbíteros, religiosos y laicos de la diócesis gaditana la tarde del 13 de febrero. Nadie esperaba que la Guardia Civil solicitase la imputación de Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, que a sus 81 años reside en Jaén. Un prelado que dejó una huella especial en la diócesis por su incondicional entrega a los más desfavorecidos, será investigado en el denominado caso de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias en una ayuda de 300.000 euros concedida por la Junta de Andalucía.
El Independiente reveló el atestado entregado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en donde se especifica que en dicha concesión se han quebrantado los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Y denuncia que la ayuda económica “pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas”. Además, añade que da “la impresión de que, con dicha actuación se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado”.
Sin embargo, fuentes consultadas por Vida Nueva manifiestan que “el Obispado pidió ayuda para salvar los empleos de más de 50 trabajadores. La ayuda fue concedida, y está documentado que el subsidio se destinó íntegramente para su finalidad. Hace un par de años se revisó toda la documentación y se archivó el tema, ya que se comprobó que todo estaba meridianamente claro. Ignoramos a qué viene esto”.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando el Obispado de Cádiz decidió adquirir el Hospital de San Juan de Dios y transformarlo en un geriátrico. Pero el tiempo y el coste de la obra se vieron incrementados debido a unos descubrimientos arqueológicos. De ahí que el obispo enviara una carta (publicada también por el El Independiente) al consejero de Empleo el 6 de octubre de 2008. En ella, el prelado solicitaba una ayuda económica, otorgada el 30 de julio de 2009, para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que envolvía a 50 trabajadores.
Un jarro de agua fría para un caso cerrado
La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre aquellos que siempre han visto en la figura de Antonio Ceballos Atienza un referente en la aplicación del Concilio Vaticano II y en su entrega a los más débiles. Para empezar, ha sido un golpe difícil de encajar para el Obispado de Cádiz, donde el geriátrico era un tema suficientemente cerrado.
Evitando todo contacto con los medios de comunicación, el Obispado ha emitido un comunicado un día después de la erupción del problema, expresando su “sorpresa”. Y, entendiendo que la Diócesis ha “actuado en todo momento respetando la legalidad vigente”, ha manifestado la “mejor disposición a colaborar con la Justicia”.
Un presbítero de la diócesis, quien describe al obispo emérito como “un hombre bueno que tenía una especial sensibilidad por el mundo obrero”, no se podía explicar lo ocurrido: “Ceballos es incapaz de hacer daño conscientemente”. Otro sacerdote, que fue seminarista en tiempos de monseñor Ceballos, destaca su cercanía: “Quería a sus sacerdotes, se preocupaba por ellos”. Y, en la misma línea, un compañero suyo, recordaba su preocupación por la causa de los pobres: “Recuerdo cuánto sufrió cuando cerró [la empresa] Delphi. Participó y animó al Seminario para que estuviera presente en la manifestación”.
Publicado en el número 3.024 de Vida Nueva. Ver sumario
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