Reacciones al desplazamiento y a la migración trans-fronteriza en Norte de Santander
Norte de Santander presenta uno de los índices más altos de desplazamiento forzado a nivel nacional, como consecuencia de la violencia, de la pobreza y de la exclusión. Territorios en los cuales hasta hace poco operaron las FARC, están quedando a merced del EPL, en una región en la que hay que sumar la presencia del ELN y de agrupaciones herederas del paramilitarismo. El conflicto armado, en sus diversas manifestaciones, sigue siendo la causa detrás de que mucha gente se vea obligada a dejar su tierra y asentarse en zonas periféricas de Cúcuta y en otras áreas.
Desde hace años los misioneros scalabrinianos han hecho frente al desafío del desplazamiento forzado en la capital del departamento. Participaron en la creación de un barrio y en la actualidad se ocupan de comedores comunitarios, formación de mujeres y una institución educativa con siete sedes, cuyo radio de acción son las comunas 6 y 7. Al menos una tercera parte de los cerca de 4.500 menores que en dicha institución educativa son atendidos provienen de familias que han debido vivir el desarraigo. A dichas acciones, los religiosos agregan atención sacramental y acompañamiento en fiestas populares, como la celebración del Señor de los Milagros, la Virgen del Carmen y las novenas de aguinaldos. El padre Francesco Bortignon explica que el interés es siempre “proponer como camino y salida la solidaridad, el respeto, la aceptación y la hospitalidad”.
Los scalabrinianos y el Servicio Jesuita para Refugiados adelantan programas en atención a estas situaciones
Por su parte, el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) opera en tres frentes, también para beneficio de esta población. En primer lugar, ofrece una acción humanitaria a personas víctimas del desplazamiento forzado todavía en fase de urgencia. Brinda acompañamiento sicosocial, para una recuperación emocional de primera hora; informa sobre rutas de acceso a mecanismos de protección, orientando jurídicamente para que las personas hagan valer derechos; y asiste con ayudas materiales de emergencia, a nivel de alimentación, transporte, hospedaje y tratamientos médicos. Según explica Óscar Calderón, coordinador de la regional de la organización en Norte de Santander, la intención es “buscar que las personas no sufran un daño mayor ante la inoperancia del Estado”.
Una segunda área de trabajo del SJR está orientada a la integración local. Con apoyo al surgimiento de iniciativas productivas, capacitación para el mundo del trabajo y otras acciones, esta área busca un tránsito de la situación primera, de emergencia, a un restablecimiento de condiciones estables de vida. Por ejemplo, recientemente fue creada en el barrio La Conquista una casa de convivencia para la paz, en atención a que el lugar carecía de sitios de encuentro comunal. El SJR gestionó los recursos, con ayuda de Cáritas Alemania y el apoyo de los scalabrinianos, y la gente puso la mano de obra. “Más allá de poner ladrillo sobre ladrillo; se trataba de fortalecer a la comunidad; de que se empoderase de sus derechos y de sus procesos, haciéndose artífice de su propio desarrollo y futuro”, explica Óscar.
El tercer frente de la institución, en cuanto a la atención de personas víctimas de desplazamiento forzado, se concentra en la prevención y consiste en mitigar los riesgos de vinculación infantil y juvenil a dinámicas de violencia, en una región donde se intensifica el micro-tráfico y el consumo de drogas.
Respuestas contundentes
Junto al drama del desplazamiento forzado, convive en Norte de Santander el desafío de la migración trans-fronteriza. Al menos cuatro perfiles configuran esta realidad, según explicación del SJR. Por una parte, personas que atraviesan la frontera, con el interés de llegar a Norte-América, entre ellas extra-continentales: africanos o asiáticos vulnerables a redes de tráfico y trata de personas. Por otra parte, colombianos que han decidido retornar al país, provenientes de Venezuela; en su mayoría, personas que huyeron de Colombia por la violencia y vuelven sin garantías de seguridad; muchas con hijos nacidos en el país vecino. Un tercer perfil: familias venezolanas, sin ningún vínculo familiar con Colombia, que, por la situación generalizada de violencia en Venezuela, de desabastecimiento de alimentos o imposibilidad de acceder a medicinas o a tratamientos médicos, han debido ingresar a la nación. Y el perfil migratorio de familias mixtas conformadas por colombianos y venezolanos; conformación que supone complicaciones para acceso a derechos como la educación o la salud, para algunos de sus integrantes.
En el Centro de Migraciones, dirigido por los scalabrinianos, una de las principales preocupaciones frente a esta multiforme población consiste en colaborar en la regularización de su situación legal, condición de posibilidad para una mayor estabilidad de vida.
El SJR ha priorizado el apoyo a mujeres gestantes y lactantes, sin acceso al sistema de salud. Con ayuda de un fondo de emergencia, se abren caminos para controles prenatales y ecografías. Un seguimiento a la situación de las personas deportadas de Venezuela en los últimos años señala, además, las dificultades que afrontan para salir adelante, habiendo debido empezar de cero.
El hecho de que Cúcuta y Norte de Santander presente altas cifras de desempleo e informalidad agudiza la incertidumbre de quienes han asumido el reto de la movilidad. El padre Bortignon busca estrategias para la generación de ingresos en beneficio de estas personas. Óscar Calderón y su institución participan en esfuerzos para la conformación de un trabajo solidario en red, articulado, incluso binacionalmente. “Si seguimos mirando la frontera de manera unilateral no solo tendremos lecturas parciales, sino también respuestas de ese tipo”. “Ojalá pudiéramos contar con más apoyo de parte de los obispos para hacer planes más contundentes”. Preocupación que hacemos extensiva.
VNC
