El Gobierno español ratifica los Acuerdos con la Santa Sede

“Las relaciones con la Iglesia deben seguir dentro del marco del ordenamiento constitucional”

recepción de los Reyes de España al Cuerpo Diplomático habla nuncio Renzo Fratini decano

El nuncio Fratini, en su discurso ante los Reyes el 26 de enero

RUBÉN CRUZ | “¿Piensa el Gobierno mantener el Concordato con el Vaticano?”. Quien pregunta es Carles Mulet, senador de Compromís. Responde el Gobierno: “El último Concordato suscrito entre el Estado y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, dejó de tener vigencia en 1979. En dicha fecha, el Concordato fue sustituido íntegramente por cuatro Acuerdos de Cooperación entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos, todos ellos conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución”.

EDITORIAL: Los Acuerdos Iglesia-Estado, en el punto de mira

El pasado 1 de octubre, Mulet registró dos preguntas en relación a la Iglesia: la primera, sobre los Acuerdos, a la que el Ejecutivo dio respuesta el 27 de enero; la segunda, sobre las inmatriculaciones, que no fue admitida.

En su respuesta, el Gobierno deja claro que los Acuerdos fueron ratificados por el Congreso y el Senado “por amplia mayoría”. Además, “desde entonces, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo, en todos sus pronunciamientos sobre la materia, la plena conformidad de los Acuerdos con los principios y normas constitucionales”, recalcan. El Gobierno considera que las “circunstancias no han cambiado, habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenidas por España con la Santa Sede, que siguen desarrollándose satisfactoriamente”.

Así, el Gobierno considera que “las relaciones con la Iglesia deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente”.

Amplia mayoría

Una respuesta que Marcelino Oreja, quien firmó los Acuerdos en 1979 como ministro de Exteriores, comparte “plenamente”. Y es que “no veo motivo alguno para la denuncia de los Acuerdos”, explica a esta revista. “Se trata del eterno retorno. Los Acuerdos tuvieron una respuesta favorable hace ya casi 40 años por parte de todas las fuerzas políticas y han funcionado con normalidad a lo largo de este tiempo. Sí es verdad que hay algún partido que se manifiesta contrario en la oposición, pero no cuando está en el Gobierno”.

Por su parte, César García Magán, profesor de Relaciones Iglesia-Estado del Instituto Teológico San Ildefonso (Toledo) y exdiplomático de la Santa Sede, tacha de “muy certera” la pronunciación del Ejecutivo. Sin embargo, le sorprende “la falta de precisión del senador que hace la interpelación, porque no existe ningún Concordato”.

De hecho las relaciones del Vaticano con los estados corresponden a una normalidad diplomática, ya que el Estado más pequeño del mundo mantiene relaciones bilaterales con 180 países. “Y no solamente con países de tradición cristiana, sino con otros de tradición musulmana”, recalca García Magán. “No tiene nada que ver –continúa–, porque la finalidad de los Acuerdos es buscar una regulación en materias de interés común, como la enseñanza, el patrimonio o asuntos jurídicos (reconocimiento del matrimonio religioso). Al fin y al cabo, son todo materias al servicio del ciudadano”.

Ante la negativa del Ejecutivo a revisar los Acuerdos con la Santa Sede, Mulet acusa al PP de ser un partido “ultra” que “lleva el nacional-catolicismo en su ADN”. Respecto a la corrección del Gobierno, que le explica que no existe ningún Concordato, sino unos acuerdos, indica que lo que pretenden es “desligar la imposición del Concordato del franquismo”. A su juicio, los Acuerdos vulneran el artículo 16.3 de la Constitución al otorgarle “de facto” la condición de confesión del Estado con el “privilegio de poder impartir sus dogmas en los centros educativos públicos, sufragado con dinero de todos, y la presencia en hospitales y prisiones”.

Por otro lado, García Magán deja claro que los Acuerdos no obedecen a ningún privilegio: “Cuando se habla de la derogación de los Acuerdos aluden a la eliminación de privilegios a la Iglesia, pero no lo son. Se trata de una concreción del derecho a la libertad religiosa”. De hecho, en la hipótesis de que desaparecieran, “siempre queda el derecho a la libertad religiosa reconocido en la Constitución y en la legislación internacional a la que España está adherida”.

Un miembro de la ejecutiva de la CEE explica a Vida Nueva que “nuestras relaciones con todos los actores sociales se deben plantear desde el diálogo y no desde las exigencias. Menos aún desde una autoridad de púlpito, que no se entiende más allá de nuestros templos”. Es más, “no podemos imponer ni querer que se impongan nuestros criterios porque tenemos todas las de perder ante la sociedad: perdemos credibilidad ante la gente y autoridad ante los dirigentes”, añade.

El nuncio traslada al Rey su apoyo a la unidad de España

El nuncio en España, Renzo Fratini, elogió el pasado 26 de enero el papel de Felipe VI en su “imprescindible rol de árbitro” y en su misión “de hacer presente a todos la identidad común específica de España”. Lo hizo en su intervención como decano del Cuerpo Diplomático en la tradicional recepción anual que los Reyes ofrecen en el Palacio Real. “Apoyamos su esfuerzo en el respeto de los valores constitucionales y reglas comunes e inclusivas, que permiten ser y sentirse español a quienes pueden tener sentimientos y sensibilidades diversos”, indicó. El nuncio también recalcó que “es imprescindible la solidaridad entre todos y la participación en el diálogo con miras al bien común”. En su mensaje, Fratini expresó, ante la mirada de Rajoy, su “satisfacción” por “la superación de la incertidumbre política en España”.

Publicado en el número 3.022 de Vida Nueva. Ver sumario