La Iglesia española no pone trabas ante una posible fiscalización

No se opone al control del Tribunal de Cuentas, pero exigiría convertirla en “institución de derecho público”

cepillo donde depositar dinero donado en una iglesia

La Iglesia española no pone trabas ante una posible fiscalización [extracto]

RUBÉN CRUZ | Primero Podemos y luego el PSOE. Ambos partidos han pedido en sede parlamentaria que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que la Iglesia recibe a través de la casilla del IRPF, ya que el programa de fiscalizaciones para 2017 del órgano deja fuera a la Iglesia. El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, explicó que “todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro”. Mientras, el portavoz socialista en la misma comisión, Antonio Hurtado, pide un informe anual “para que todo esté perfectamente controlado y auditado”.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lleva años trabajando en pro de la transparencia, porque “forma parte de la misión de la Iglesia. Por ello, cualquier medida adicional que contribuya a acercar la Iglesia a la sociedad cada vez mejor, y a su misión de anunciar la Buena noticia, será siempre positiva, aunque venga desde fuera”, dice a Vida Nueva la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Ester Martín. Por eso, “no supone ningún problema” someterse a la fiscalización del Tribunal.

En cualquier caso, “la memoria anual de la Iglesia ofrece mucha más información relevante para la sociedad de lo que podría solicitar un sistema de fiscalización que se centra exclusivamente en la aplicación o gasto de los fondos recibidos, pero no en el impacto que estos tienen en la sociedad, cosa que sí reflejamos en dicha memoria”, sostiene Martín.

En la iniciativa socialista se recoge que el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal “se extiende al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía, en relación con la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos públicos”. cesto para pasar el cepillo en la iglesia y pedir dinero

“No le corresponde al Tribunal de Cuentas”

No obstante, “según la Constitución, la Iglesia no forma parte de la estructura del Estado ni puede considerarse parte del sector público. Por tanto, no le corresponde al Tribunal de Cuentas fiscalizar la gestión económica interna de la Iglesia”, explica a esta revista Jorge Otaduy, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

Y es que, según la propuesta del PSOE, “la Iglesia sería una entidad de derecho público, pero esa conclusión no responde a la realidad de su estatuto jurídico vigente. La fórmula de considerar a las iglesias corporaciones de derecho público se aplica en Alemania y en otros países centroeuropeos, y estas pueden, por ejemplo, recabar impuestos de los fieles con efectos civiles, pero en España no es así”, remarca el profesor. Así, añade: “Si ahora vamos a tratar a la Iglesia en España como entidad de derecho público, tendría que hacerse a todos los efectos, no solo a los de la fiscalización de sus cuentas”.

Rendir cuentas

En el mismo sentido, Martín recuerda que “la asignación tributaria no es una subvención ni es una partida consignada en los presupuestos; de tal forma que, si nadie marcara la casilla, la Iglesia no recibiría nada”. La CEE rinde cuentas anualmente al Ministerio de Justicia con su memoria. De hecho, “para dotarlo de mayor transparencia, la Iglesia viene sometiendo todo este proceso de recepción y reparto de fondos a una auditoría externa, de manera que una empresa externa ya analiza en profundidad el recorrido de todo ese dinero”, continúa.

No obstante, “la Conferencia estará siempre dispuesta a mejorar el sistema de rendición de cuentas actual o a ofrecer información adicional, si así se lo solicitan”, recalca Martín.

Tres miembros del Tribunal de Cuentas, que llevan años pidiendo esta fiscalización, explican en una declaración conjunta que la propuesta “responde a una demanda social en el marco de la exigencia de transparencia”, ya que consideran que la memoria “no ofrece suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas”.

Sin embargo, la número dos de Economía del Episcopado subraya que “la memoria no se limita a explicar el reparto del dinero recibido a través de la X, sino que va más allá, y hace un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que administran las diócesis”. Es más, “intenta mostrar que detrás de los datos también hay personas”, indica.

Además, los socialistas han pedido al Tribunal de Cuentas que “incluya en su programa de fiscalizaciones un informe de los dos últimos ejercicios liquidados”. Una información que “ya está publicada”, remarca Martín. “Está disponible en la web de la CEE y su desarrollo se deposita en el Ministerio de Justicia. Creo que lo importante es que se analice la información depositada, y en el caso de que sea preciso alguna aclaración o dato adicional, en el marco de la legalidad vigente, se solicite. Sin privilegios ni discriminaciones”, añade la economista.

Propuesta de autofinanciación

Podemos registró el pasado 16 de enero una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a “llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación de cinco años para la completa autofinanciación de la Iglesia a través de las donaciones de sus fieles”. Además, pide “revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles”. Y propone al Ejecutivo “denunciar los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede”.

Publicado en el número 3.020 de Vida Nueva. Ver sumario