El obispo de San Sebastián pide perdón por el daño causado por el exvicario
Munilla ante los medios, el 12 de enero
RUBÉN CRUZ | Un nuevo denunciante por abusos. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, compareció el 12 de enero para explicar que un joven de 35 años denunció esa misma mañana a Juan Cruz Mendizábal, exvicario de la diócesis, por propasarse con él en 1994 durante un campamento. Según el obispo, “con una serie de detalles a los que les otorgo un alto grado de verosimilitud”. En este caso, y al contrario que los dos primeros, el denunciante ha presentado su denuncia también por vía civil.
Estas tres denuncias –dos de ellas ya juzgadas por vía canónica– y otro caso que ha llegado a oídos del Obispado han provocado que Munilla dicte un decreto que establece para el exvicario “la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal; la obligación de residir en un monasterio, teniendo que solicitar permiso al obispo para salir de él; la obligación de proseguir su acompañamiento espiritual y su terapia psicológica en curso; y la prohibición de todo contacto con menores si no es en presencia de otro adulto”.
En una entrevista concedida a un medio local días antes de saltar a la luz el escándalo, el exvicario afirmó no conocer ningún caso de pederastia en el País Vasco. Asimismo, indicó que la Iglesia no había abordado “de manera adecuada” estos casos.
“Quiero manifestar mi petición más vehemente de que afloren cualquier tipo de abusos cometidos contra menores en el seno de nuestra Iglesia”, dijo Munilla. Además, cree que lo sucedido es “una gran oportunidad” y sería “beneficioso para todos”: “Para las víctimas, porque les ayuda a sanar; para los agresores, porque desenmascara la mentira de su vida y les llama a la conversión; para la Iglesia, porque requiere de nosotros una profunda revisión; y para el conjunto de la sociedad, porque es un problema del que nadie está exento”.
Munilla pidió perdón “en nombre de la Iglesia” a víctimas y familiares en la homilía dominical. Al tiempo, afirmó que no parará hasta erradicar “este mal”. Como primera medida, y siguiendo la legislación civil, ha exigido a quienes trabajan con menores el certificado que acredite que no tienen antecedentes por delitos sexuales, algo que ya hacen otras diócesis y entidades eclesiales.
Publicado en el número 3.020 de Vida Nueva. Ver sumario
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