Más allá de la normativa, los obispos chilenos actualizan sus sistemas de administración para alcanzar la máxima transparencia posible.
La casa de ejercicios Betania, en la ciudad chilena de Concepción, acogió durante tres días a 45 administradores y contadores diocesanos y a los integrantes de la Comisión de Administración de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh). Presididos por Tomislav Koljatic, obispo de Linares, durante esos días se estudió la legislación tributaria aplicable a la Iglesia para poder comenzar con el cumplimiento de esas normas. De este modo están ejecutando el encargo hecho por la Asamblea Plenaria de los Obispos en abril pasado, que solicitó abordar el tema tributario de manera abierta y práctica, desde la firme voluntad de la Iglesia por cumplir con la legislación tributaria y caminar hacia la total transparencia en el manejo de los recursos económicos.
Aunque la reforma tributaria implementada por el gobierno de Michelle Bachelet no ha modificado condiciones para la Iglesia –de hecho ha aumentado y se ha hecho más eficiente el control–, la nueva norma ha alcanzado también a las obras eclesiales.
Más allá del culto
En la búsqueda de fuentes que originen recursos económicos para la Iglesia, han surgido actividades que traspasan el límite del culto, que es el ámbito exento de tributación y, en algunos casos, se han visto afectadas por intervenciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), ente estatal que recauda los tributos. Hoy, el SII ha multiplicado las revisiones en los obispados, congregaciones religiosas y otros organismos eclesiales. Según datos reservados, hay una diócesis en la que el 85 por ciento de sus ingresos no proviene del culto, por tanto debería ser tributable. Asimismo, las revisiones del SII en años recientes han significado que cinco diócesis están sufriendo procesos de fiscalización y otras han tenido que pagar multas.
Los obispos abordaron esta situación en la Asamblea Plenaria de abril y acordaron realizar este encuentro de administradores para unificar criterios para que en todas las diócesis se tomen las medidas apropiadas y para garantizar un proceso ágil y eficaz de renovación en la administración contable y financiera de sus obispados y parroquias. El objetivo ha sido alcanzar la máxima transparencia posible.
Ya hay algunas diócesis que han iniciado estos procesos, siguiendo el ejemplo dado por la CECh, que ha firmado un convenio con el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional.
Un modo de hacer
Para los administradores que participaron en el seminario de Concepción, elnudo del problema no está en que haya o no tributación, sino más bien en la débil contabilidad existente en la mayoría de las parroquias y organismos eclesiales. Hay una forma de actuar tradicional, poco rigurosa y poco documentada que hace muy difícil llegar a una contabilidad formal que permita dar cuenta al SII. A esto se agrega la existencia de una cantidad importante de ingresos y gastos que exceden el ámbito del culto y que, por tanto, caen en los campos señalados por la legislación tributaria.
La necesidad de asegurar ingresos en las parroquias proviene del hecho de que, desde 1925 la Iglesia está separada del Estado. Aunque el Estado contribuyó algunos años más con financiamiento para algunas actividades de la Iglesia a fin de permitirle una adecuada adaptación a estas nuevas condiciones, para la Iglesia fue un impacto fuerte. Las donaciones de católicos, directas o en herencias, fueron constituyendo un recurso importante de ingresos permanentes, sobre todo, en propiedades mantenidas en arriendo. Al mismo tiempo, la Iglesia creó un organismo interno para recoger el aporte económico permanente de todos los católicos que hoy se llama Contribución a la Iglesia. Esta actividad es hoy la principal fuente de ingresos desde los fieles católicos, quienes deben aportar el uno por ciento de sus ingresos a su parroquia como deber de pertenencia. Aunque muchos lo confunden, no es lo mismo que la limosna. Si bien se han establecido mecanismos que facilitan la entrega de ese aporte, los católicos chilenos que cumplen con este deber no supera el 20 por ciento, un porcentaje insuficiente.
Ante la escasez de recursos, para financiar sus actividades pastorales las parroquias acuden a otras formas de recaudación que están fuera del culto. Estos ingresos por lo que quedan fuera de lo que la ley permite, porque la legislación tributaria considera a la Iglesia como un contribuyente sujeto al régimen general. Si bien existen también excepciones a la ley. Por ejemplo, el Presidente de la República tiene derecho de eximir de contribución a las personas jurídicas que no persigan fines de lucro y que su trabajo esté orientado a proporcionar ayuda a personas de escasos recursos. Este es el caso, por ejemplo, de Cáritas Chile.
Reforma necesaria
A partir de ahora, la Iglesia deberá declarar anualmente sus rentas, llevar la contabilidad de acuerdo a las reglas generales, efectuar pagos provisionales mensuales para el personal contratado, practicar las retenciones de impuesto y dar cumplimiento a todas las obligaciones tributarias y deberes impuestos por las disposiciones legales. El único ámbito que se exime es el culto.
Para esto se están preparando los administradores y contadores de los obispados. De hecho, el seminario de Concepción marca un hito en este proceso: los 45 participantes recibieron una síntesis de los últimos pronunciamientos del SII relativos al funcionamiento de entidades religiosas y se aplicó una metodología de estudio de casos que permitió analizar diversas realidades financieras diocesanas. Como resultado de este análisis, se ratificó la necesidad de contar con sistemas de contabilidad completos que permitan tener toda la información para una adecuada planificación tributaria.
El paso siguiente, ya iniciado en varias diócesis, es traspasar esta misma preocupación a sus parroquias, capacitando a las personas apropiadas para implementar las medidas de contabilidad y administración necesarias.
Poco a poco va avanzando este proceso de renovación en la administración de la Iglesia que dará mayor transparencia y mayor confianza para aumentar los aportes de los católicos. En este sentido, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, explicó a la prensa: “la Iglesia quiere transparentar sus finanzas por el cambio cultural del país. Queremos que la gente sepa en qué se está gastando el dinero, porque una parte importante nos llega de esa misma gente”.
ROBERTO URBINA AVENDAÑO
