EDITORIAL VIDA NUEVA | Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) nacieron para retener de manera cautelar y preventiva a inmigrantes sometidos a un expediente de expulsión. Sin embargo, los datos contradicen esta premisa en tanto que de las 6.930 personas que pasaron en 2015 por alguno de los siete centros abiertos en nuestro país, solo fueron expulsados un 41,42% de ellos. Esto revela que se han convertido en dispositivos de control fronterizo, cuando no en cárceles preventivas mientras en su reglamento se recoge que no tienen carácter penitenciario.
Si a esto se une la falta de transparencia en los modos internos de proceder y las denuncias de los internos sobre el trato recibido o la falta de asistencia sanitaria, la razón de ser de los CIE queda, cuanto menos, cuestionada.
Los informes realizados por las diferentes ONG que conocen desde dentro el funcionamiento de los centros confirman además que las condiciones de vida allí son más severas que las que viven los reclusos de un centro penitenciario, cumpliendo una condena que, además, no existe. Es más, se encuentran en una situación de indefensión legal que dificulta detectar a posibles refugiados, menores o víctimas de la trata que no pueden permanecer allí.
La Iglesia se ha situado en primera línea
para acompañar y defender a quienes
se ven retenidos en los CIE
y pedir su cierre,
para colar la misericordia al otro lado de las rejas.
Aunque la problemática sobre los CIE sí aparece en algunos programas electorales, lamentablemente su alcance es nulo. Una vez más, queda al descubierto la ausencia de una política migratoria integral, pero, sobre todo, humana, que no criminalice al que viene de lejos solo por el mero hecho de haber cruzado la frontera sin tener los papeles en regla. Y es que el internamiento debiera ser el último recurso del que se debería echar mano cuando el resto de medidas cautelares alternativas se agoten. Es más, habría que trabajar para potenciar otras medidas alternativas hoy por hoy viables a la expulsión.
Ante esta situación, la Iglesia se ha situado en primera línea en defender a estos hombres y mujeres retenidos. Sin aspavientos, con la silenciosa labor de cientos de voluntarios católicos que día a día acuden a estos lugares para acompañar a los inmigrantes, aliviar su dolor y asesorarles jurídicamente para hallar una salida digna en su periplo en busca de la tierra prometida.
Obispos, religiosos y laicos no han dudado en los últimos años en exigir de forma reiterada el cierre de los CIE. Sobre todo, después de que hayan dejado de tener ese carácter de “excepcionalidad jurídica” y se vulneren de forma constante los derechos fundamentales de los inmigrantes. Este paso al frente de la Iglesia para ejercer de altavoz ante quienes han perdido toda dignidad refleja el coraje evangélico imprescindibe para que la misericordia se cuele por todos los rincones de la sociedad, incluidas las celdas de los CIE.
Publicado en el número 3.009 de Vida Nueva. Ver sumario
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