La Iglesia de Perú se vuelca con la minoría indígena

Gracias a su defensa, han sido absueltos los 53 acusados en el juicio por un enfrentamiento con la policía en 2009

indígenas en Perú acusados de la muerte de policías durante las protestas contra empresas extractivas en la Amazonía

Los acusados han sido acompañados desde el primer día por la religiosa Carmen Gómez y la CEAS

JOSÉ LUIS FRANCO. Instituto Bartolomé de las Casas (LIMA) | El 5 de junio de 2009, los medios trasmitían al mundo cómo el Estado peruano reprimía a centenares de indígenas de las etnias awajún y wampis en Bagua, región del Amazonas ubicada en la parte septentrional del país. Los indígenas exigían la derogatoria de doce decretos legislativos dados por el segundo Gobierno de Alan García, pues estos decretos buscaban facilitar la presencia de empresas extractivas en territorios indígenas. Esta decisión del Ejecutivo movilizó un paro amazónico desde el 9 de abril, pero el día 5 de junio, cuando los manifestantes ya habían tomado la decisión de retirarse del lugar que venían ocupando, fueron desalojados por la fuerza por la policía en la zona conocida como Curva del Diablo. El resultado: la muerte de cinco civiles y 12 policías, así como un desaparecido.

El 14 de mayo de 2014 se inició un juicio oficial por estos sucesos contra 53 indígenas y mestizos acusados de la muerte de los policías. Este largo proceso acaba de concluir, dictaminándose que los procesados son inocentes. Aquí es donde entra la Iglesia, que los ha acompañado desde el primer día, a través de sus laicos y religiosos, en la atención humanitaria en distintos ámbitos: salud, vivienda y alimentación.

Durante las investigaciones, Carmen Gómez Calleja, religiosa de las Siervas de San José, formó parte de una comisión especial en el Congreso para investigar los sucesos de Bagua y luego redactó un informe; posteriormente, realizó un trabajo articulador junto a diversas organizaciones sociales, con el fin de hacer posible el acceso a la justicia de los indígenas juzgados. Como ella misma señala, “su carencia de recursos y la falta de presencia del Poder Judicial en su territorio no garantizaban el acceso real a la Justicia”. Durante el juicio, otro ente de vital importancia en el acompañamiento a los líderes indígenas ha sido la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), del Episcopado peruano, que asumió la defensa de una parte de los procesados.

Un país dividido

El fondo de este gran conflicto es la difícil convivencia entre diferentes grupos y culturas en Perú, expresada en dos visiones de desarrollo que han mostrado una fractura entre los peruanos. Una visión de desarrollo que ve la Amazonía como espacio vacío y como una fuente de recursos, sin importar sus habitantes, y otra que valora el desarrollo pero respetando el medio ambiente y las culturas ancestrales de estos pueblos.

La Iglesia ha jugado un rol vital en su momento y continúa acompañando un proceso que aún deja heridas abiertas. Así lo expresa el obispo emérito de Jaén, el jesuita Santiago García de la Rasilla: “Quienes, desde nuestra fe o desde nuestro simple ser humanos, los vemos [a los pueblos indígenas] como hermanos nuestros, con la misma dignidad, estamos en la obligación de ir junto a ellos, en un plano de igualdad. La Iglesia debería tomar muy en serio su papel y aprovechar su presencia en zonas de presencia indígena para, con ellos, poner en marcha planes pastorales por los que la fe pueda ayudar a la comprensión y la unión humana de los pueblos”.

Este último episodio nos debe llamar a la reflexión para que esto no se repita y signifique el comienzo de un nuevo Perú que sepa comprender la diversidad de sus pueblos.

Publicado en el número 3.008 de Vida Nueva. Ver sumario