ALBERTO RUBIO. ECONOMISTA
Algo más de 14 millones de argentinos “carecen de lo necesario para vivir”. Eso significa “ser pobre”. Las políticas aplicadas, las acciones institucionales de la sociedad civil, las dádivas empresarias, las jornadas sociales, la prédica, ni que decir las horas de debates televisivos con legiones de opinólogos constituidos en expertos sociales y hasta las oraciones han colapsado. No hay ya espacio para palabras. Afronto esta columna con esa amarga convicción, pero con la escéptica esperanza de intentar lo imposible: acciones eficaces a la altura de las circunstancias.
Los argentinos hemos salvado bancos a costa de ahorristas y depositantes, rescatamos empresarios nacionalizando deudas a costo de todos los ciudadanos que cumplimos las obligaciones fiscales, se han decretado emergencias económicas otorgando al Ejecutivo potestad para desconocer o modificar leyes originadas en el Parlamento, ¿será posible que no se pueda hacer algo excepcional y extraordinario por las personas? ¿Vale la gente menos que un banco o una empresa?
Economista por formación me toca siempre el terrible desafío de fijar prioridades, porque no todos los objetivos pueden lograrse con simultaneidad. Los recursos son escasos. Humanista por convicción, me desesperan las desigualdades insoportables. Un tercio de pobreza real supera los límites de la tolerancia y le pone un alerta de sobriedad a la vida cotidiana: no todo debería poder seguir como si nada, “acompañando” en una burla cruel a quienes “carecen de lo necesario para vivir”. Ahora es necesario organizar, reordenar el conjunto social en una gran acción colectiva. Como ante una gran catástrofe que destruye construcciones y territorio, en este caso se trata de frenar y superar la denigración y destrucción de personas, de ciudadanos.
Trato de imaginar decisiones novedosas y a la altura de la situación, pero no las veo. ¿Qué impide decretar un estado de emergencia social a partir del cual la administración de gobierno pueda actuar por excepcionalidad para disponer de los recursos reales y financieros necesarios para definir políticas activas concretas? ¿Por qué no formar una Unidad Ejecutiva Especial para administrar esa emergencia?
Reinstalar la Cultura del Trabajo: ¿cuál es el inconveniente para asignar los beneficios sociales especiales a cambio de acciones laborales específicas? Los mayores a restaurar hospitales, colegios, edificios públicos, plazas, reparar veredas. Los niños a las escuelas y los jóvenes a los colegios y fundamentalmente a nuevos establecimientos de artes y oficios. Los estudiantes universitarios, ¿no podrían ser asignados tutores zonales de estas tareas? ¿Por qué no unificar los fondos públicos, sindicales y de las organizaciones privadas solidarias en un Banco Único de Financiamiento de la Emergencia Nacional? ¿Podrían las universidades designar sus mejores recursos humanos para integrar un Consejo de Notables para planificar el uso de esos recursos según la densidad zonal de las poblaciones en estado de pobreza? ¿No es posible arbitrar normas legales, con la urgencia que reclama la situación de emergencia, para asignar al Banco Único recursos confiscados por actividades de corrupción y disponer de tierras y bienes de capital productivo del mismo origen a fin de organizar un Sistema Productivo Social (cooperativas de producción, comprometidas al abastecimiento de necesidades alimentarias de hospitales, colegios y establecimientos carcelarios, realizar obras de infraestructura vial o talleres textiles para la confección de uniformes escolares, hospitalarios y fuerzas de seguridad)? ¿Y si se asignara al Sistema Penitenciario la responsabilidad de mantenimiento en condiciones dignas de los establecimientos de detención ocupando al personal carcelario, en condena firma o en espera de la misma, atento que perciben del presupuesto público una asignación mensual mientras dura el proceso o la condena? Formaría parte instrumental de educar en la cultura del trabajo. Nuevos establecimientos podrían crearse en zonas rurales, con tierras públicas u originadas en actos de corrupción para establecer granjas y chacras trabajadas por los internos, para consumo propio y del sistema productivo social. Para inversores, entidades financieras y bancos, ¿no ha llegado el tiempo de aportar un porcentaje de los rendimientos financieros, a definir por la Unidad Ejecutiva Especial a sugerencia del Consejo de Notables, para nutrir de recursos al Banco Único? La tasa podría reducirse gradualmente en proporción efectiva a la reducción trimestral de los indicadores de pobreza hasta que los mismos alcancen estándares universalmente aceptables (5 a 6 por ciento). Parece también oportuno establecer un Programa Nacional de Austeridad que limite con severidad los fondos públicos para celebraciones oficiales en todos los niveles de la administración. El ejemplo educa, “viraliza” la conciencia de responsabilidad por la acción de todos para con el problema.
Ya basta de “vivir de la pobreza”. Es tiempo de “actuar para suturarla”. Mi mejor mensaje: no más de lo mismo porque, por lo visto, no resulta. Ahora importa la gente en serio. Muy en serio.
