La Generalitat valenciana condena sin concierto al Bachillerato

Escuelas Católicas prepara un informe sobre las consecuencias de una medida que afectaría a 7.000 alumnos y 400 profesores

padres y profesores de la escuela concertada protestan en Valencia contra la intención de la Generalitat de suprimir los conciertos mayo 2016

Protesta de la escuela concertada en mayo pasado, por la reducción en Primaria

JOSÉ RAMÓN NAVARRO (VALENCIA) | “Supresión progresiva de la concertación de las unidades no obligatorias de la educación, es decir, el Bachillerato y la Formación Profesional”. Ese era el punto vigésimo sobre Educación que contenía el programa de Compromís para las pasadas eleeciones autómicas a la Generalitat Valenciana y, ahora, lo que hace poco más de un año se presentaba como una promesa electoral, se ha convertido en una amenaza para 90 centros de la Comunidad Valenciana, la mayoría de ellos católicos.

“Los programas electorales están para cumplirlos”, dejó claro la semana pasada el consejero de Educación, Vicent Marzá, con respecto a este punto en la reunión que mantuvo el 4 de octubre con representantes de Escuelas Católicas de Valencia. Era la primera vez que se reunían ambas partes a petición de la patronal educativa y, aunque el encuentro sirvió para “romper el hielo” y supuso una “conversación larga y distendida”, no resolvió las inquietudes de la concertada. De hecho, Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, reconoce que se sienten “inquietos y preocupados” ante el futuro de los conciertos en las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos).

El propio consejero ratificaba al día siguiente esa misma posición cuando afirmaba que el concierto de Bachillerato en la Comunidad “es una anomalía en el conjunto del Estado”. En declaraciones a Vida Nueva, Rodríguez ha lamentado que este argumento sirva para “volver atrás en conquistas sociales como esta”.

Ante esta amenaza de la administración autonómica de convertir el Bachillerato concertado en subsidiario de la red pública, Escuelas Católicas prepara un informe que recoge las consecuencias de la eliminación del concierto para alumnos, familias y profesores. Su objetivo es, con este informe, reunirse de nuevo con la Consejería con la confianza de que “tengan una mano tendida como la nuestra” y se pueda buscar una “salida fácil y cómoda para todo el mundo”. “Es una cuestión lo suficientemente grave y dura como para que la dejemos solo con una resolución que diga que no hay conciertos”, ha añadido la representante de Escuelas Católicas.

Enero, mes clave

De acuerdo a la legislación autonómica, en enero de 2017 los centros deben solicitar la renovación del concierto en los niveles de Infantil, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Todo hace pensar que ese será el momento en el que la administración educativa, en manos de Compromís, aproveche para denegar el concierto en los niveles postobligatorios para que se haga efectivo en el curso 2017-18. Una medida que afectaría a 90 colegios –82 de ellos de Escuelas Católicas– y que haría que unos 7.000 alumnos perdieran la gratuidad de sus enseñanzas y más de 400 profesores vieran peligrar su puesto de trabajo.

La eliminación del concierto en Bachillerato se suma a los “ataques” que la escuela concertada está sufriendo desde el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura. A finales del curso pasado, la escuela católica se movilizó frente a la reducción de unidades concertadas en Educación Primaria (más de 30 según las intenciones iniciales de la Administración, aunque tras las movilizaciones quedaron en 18), el impago de la partida de otros gastos y la priorización de la escuela pública con la apertura de más de 400 nuevas aulas en un momento en que la baja natalidad no lo justifica. “Parece que para esta Administración todo lo que suene a concertada o católica no entra en su hoja de ruta”, se quejan desde Escuelas Católicas.

Salvo el conflicto con el Bachillerato, la reunión transcurrió de forma positiva en otros aspectos, como en la gestión de la red de libros gratuitos para el alumnado, a la que se han adscrito el 73% de los centros concertados. La Administración reconoció sus errores en la implantación y se acordó un seguimiento por ambas partes para resolverlos. También se programaron reuniones conjuntas para evaluar los programas de Compensatoria.

La reducción horaria de los profesores de Religión, a los tribunales

La presencia de representantes del Arzobispado de Valencia en la reunión con el consejero de Educación también sirvió para poner sobre la mesa la significativa reducción horaria que han sufrido los profesores de Religión a comienzos de este curso, y que afecta directamente a los colegios públicos. De hecho, esa misma semana el sindicato USO había presentando ante los tribunales una demanda de conflicto colectivo al entender que la Consejería no está teniendo en cuenta los acuerdos vigentes sobre el profesorado de Religión.

El conflicto se había iniciado el día 2 de septiembre cuando, de forma unilateral, la Consejería decidió eliminar 2.000 horas a los profesores de Religión alegando que estaban “duplicadas”. Desde el sindicato explican que esas horas se dedican a funciones no lectivas, como el cuidado de alumnos, la coordinación o las guardias y sustituciones y que, desde la Administración, “se les llama horas duplicadas para generar confusión”.

Según la representante de USO, Mariví Iribarren, la medida supone que de un total de 840 profesores, 180 tengan jornadas parciales, “con contratos de siete, ocho o nueve horas”, lo que ha supuesto “dejar a muchos profesores en precario”.

Publicado en el número 3.007 de Vida Nueva. Ver sumario