Conmoción por violento desalojo de familias campesinas, con destrucción de sus viviendas y cultivos.
Unas 220 familias campesinas fueron violentamente desalojadas el pasado 15 de septiembre de la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú. El operativo fue realizado por 1.200 agentes de la Policía Nacional, y contó incluso con un helicóptero. Durante su desarrollo fueron destruidas 63 viviendas junto con sus plantaciones adyacentes. En total son 1.200 hectáreas las que están en litigio y eran ocupadas por los campesinos.
Los políticos opositores al gobierno del presidente Horacio Cartes catalogaron este procedimiento de “ilegal”, debido a que la destrucción de casas y cultivos se dio sin una orden judicial. Por su parte, miembros del oficialismo catalogaron a los campesinos como “instigadores”, buscando enfrentamientos para politizar el desalojo.
Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, aseguró que el desalojo fue un procedimiento legal. Los colonos brasileños, propietarios de las tierras en cuestión, accedieron a ellas “antes de 2002”, mientas regía “el anterior estatuto agrario”, que “no prohibía aún que los extranjeros accedieran a tierras públicas y de gran extensión”, explicó. Ahora el instituto se plantea la reubicación de estos campesinos.
El senador Miguel López Perito denunció que la policía entró armada al asentamiento, y sin orden judicial, y que los efectivos respondían directamente a los colonos brasileños, ya que el fiscal estuvo presente durante un lapso breve del procedimiento. Señaló además que el gobierno ignoró la existencia de un proceso de expropiación abierto en el Congreso, y afirmó que los títulos de propiedad son fraudulentos. Según las quejas de los habitantes, las casas fueron derribadas por maquinaria de gran porte operada por el mismo personal de los extranjeros.
Luego del operativo se divulgó que los 70 propietarios extranjeros reunieron 200 mil dólares que pagaron a las fuerzas de seguridad para realizar el desalojo, además de haber sido ellos quienes consiguieron el helicóptero. Esta información fue proporcionada a los medios por uno de los colonos, pero fue negada desde las fuerzas de seguridad. Además, el parlamento confirmó la realización de saqueos de animales y bienes personales de las familias campesinas, como electrodomésticos, por parte de los empelados de los propietarios brasileños.
Respuesta eclesial
Una semana después de estos hechos, la Conferencia Episcopal Paraguaya emitió un comunicado titulado “El rico y el pobre tienen igual dignidad” (Laudato Si’, 96), condenando la violencia de estos hechos.
“La Iglesia condena todo tipo de hechos que atentan contra la dignidad del ser humano, cualquiera sea su condición social, pero en especial cuando se trata de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las familias campesinas”, comienzan afirmando los obispos en el comunicado. Luego “lamentan y condenan” el “uso desproporcionado de las fuerzas públicas”, destruyendo cultivos y viviendas campesinas en una tierra “cuya propiedad está en litigio y cuya titularidad no estaría suficientemente aclarada y comprobada, para actuar en consecuencia”.
Estos hechos, afirman los prelados, remiten a la tradición del magisterio y sus enseñanzas “sobre la propiedad de la tierra y su destino al servicio del bien común”. Citando a san Juan Pablo II y al papa Francisco en su documento Laudato Si’, recuerdan que “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada”, y que sobre ella “grava siempre una hipoteca social”. “Por lo tanto, no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”, sentencian.
Los obispos remarcan la “necesidad de encarar con seriedad y urgencia” una “reforma agraria integral”, que “permita el arraigo de las familias campesinas en sus tierras”, y que “además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización”. Además, subrayan que las autoridades tienen “la obligación de ajustar sus acciones a los preceptos constitucionales y legales, orientados por el respeto irrestricto a los derechos humanos, salvaguardando la dignidad de las personas y brindando las garantías necesarias a los más débiles”.
FERNANDO COSTA. ASUNCIÓN
