Polémica sobre la cárcel de Punta Peuco por las buenas condiciones de vida de los reclusos y por la edad avanzada de algunos de ellos.
Unos 40 kilómetros al norte de Santiago fue construida la cárcel especial para condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, conocida como Punta Peuco por la denominación del lugar en que se encuentra. Allí cumplen su pena 122 personas en un recinto que debió ser reacondicionado por el aumento de su población. Recientes fallos judiciales hacen estimar que habrá un nuevo aumento que llevaría al total de residentes a 145.
Dos temas relacionados con este recinto han generado polémica: las condiciones en que viven allí los reclusos y la edad de algunos de ellos.
Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aseguró que ese penal posee condiciones “diferentes” a otras cárceles del país, marcando diferencia de opinión con distintas autoridades del Ejecutivo, que han señalado que no hay “privilegios” en el recinto. “Las diferencias son evidentes a la vista, diferentes instalaciones, diferente tratamiento, menos densidad poblacional (…) lo que pasa es que es una cárcel para todos los efectos. Pero obviamente es diferente a las otras cárceles”, expresó.
Frente a la discusión de si en ese complejo penitenciario hay privilegios, Marelic aseveró: “No podríamos ponerle el calificativo de previlegio, lo que quiero decir es que es una cárcel diferente y en nuestro informe de condiciones carcelarias notamos esas diferencias”.
Estas diferencias, ‘privilegios’ para algunos, han levantado voces que exigen el cierre de este penal y el traslado de su población a recintos normales. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseguró que dicho recinto “tiene condiciones de un penal como cualquier otro en Chile” y que “Punta Peuco es un penal común donde cumplen condena criminales y cumplen las reglas de Gendarmería”, desestimando su posible cierre.
Las autoridades carcelarias aseguran que no hay lujos y que los condenados no tienen habitaciones individuales, esto último debido a que nuevas sentencias de los tribunales han hecho aumentar la población penal. Sin embargo, los familiares de víctimas demandan el cierre de Punta Peuco y que los ex agentes cumplan sus penas en cárceles comunes, mientras sus defensores sostienen que muchos son muy ancianos y padecen diversas enfermedades, como Parkinson o Alzheimer, por lo que requieren de frecuente atención médica.
Decisión humanitaria
En medio del debate por el cierre de Punta Peuco, el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, afirmó que dicho recinto penitenciario no tiene “ninguna particularidad” en relación a otros recintos. En conversación con radio Cooperativa, señaló: “Punta Peuco es una cárcel que tiene un estándar un poco mejor, como por ejemplo, una celda para cada uno de los internos. Eso es verdad, pero tiene mejor habitabilidad porque los presos cuidan mejor los espacios”.
En esa entrevista, el capellán se refirió también al otro tema que también genera polémica: “creo que una persona mayor de 75 años o que está padeciendo una enfermedad, no necesariamente terminal, pero que lo inhabilita para cometer otro delito, (…) tiene que cumplir la reclusión en su casa”.
Para el jesuita Roblero, “el sentido de la cárcel es hacer justicia con la víctima y también con el victimario, porque hay ciertas causas o patologías que hicieron que la persona delinquiera. Por eso, la privación de la libertad se inserta en el sentido de la reparación”. Y agrega que si una persona se encuentra “con una capacidad cognitiva deficiente” o en “una edad terminal”, se tiene “las razones suficientes” para preguntarse “si la cárcel cumple con ese rol reparador”.
Lo mismo sostiene respecto a las personas que sufren enfermedades terminales, quienes, en la mayoría de los casos, tienen que permanecer postrados. “Uno los ve en silla de ruedas o con la bolsita de la quimioterapia caminando, una inhumanidad espantosa y que no guarda relación alguna con que una persona pueda reincidir en delito alguno”. Por eso, reitera que permitirles cumplir su condena en su casa “no es un indulto, es conmutar la pena para que puedan vivir en su hogar”.
En mayo pasado la Comisión de Derechos Humanos del Senado invitó al entonces rector de la Universidad Alberto Hurtado, el jesuita Fernando Montes, quien hace años visita regularmente a los reos en Punta Peuco. “Reconociendo el tremendo valor moral de su testimonio, la comisión tomó la decisión de hacerse una impresión directa de cómo están las condiciones de cumplimiento de la pena de aquellos condenados que superen los 75 años”, dijo el presidente de la comisión, Alejandro Navarro. Y acotó que el punto de vista que dio a conocer el religioso “tiene un altísimo valor moral, ético y de realismo”, que “en nada puede confundirse con una condescendencia a violadores de derechos humanos”.
ROBERTO URBINA AVENDAÑO. SANTIAGO
