El Episcopado exigió que se identifique y se castigue a los criminales “para que se evite más derramamiento de sangre inocente”.
El pasado sábado 27 de agosto ocho efectivos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) murieron en un atentado con bomba en La Horqueta, en el norte de Paraguay, una de las zonas donde opera el grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El hecho ocurrió en un camino despoblado, próximo al asentamiento campesino de Arroyito, a 500 kilómetros de Asunción.
“Este es un hecho punible gravísimo. Colocaron explosivos en el camino donde debía transitar la patrulla de rutina. Por la forma de actuar creemos que se trata de un ataque del conocido grupo criminal EPP”, precisó a los periodistas el ministro del Interior, Francisco de Vargas.
Más tarde, el mayor Raúl Pereira, portavoz de la FTC, confirmó que cinco de los militares fallecieron en el acto, mientras que los otros tres murieron cuando eran trasladados a un hospital regional. También explicó que, además de la explosión del artefacto, hubo varios disparos contra el vehículo en el que se desplazaba la patrulla militar. “Fue una emboscada cobarde del tipo que nos tiene acostumbrados este grupo terrorista”, sostuvo indignado.
El mismo día del ataque, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicados en donde rechazó y condenó este atentado criminal. Los obispos del Paraguay sentenciaron: “La sangre de los hermanos que perdieron la vida en este hecho criminal, irracional y deleznable, clama a Dios Padre, desde este suelo castigado por la violencia (cfr. Gn 4, 10)”.
Asimismo, reafirmaron “que la vida es un valor supremo que no está subordinada a ninguna causa política, social o económica” y pidieron a los autores de este crimen: “¡Paren! ¡Basta de tanto dolor y luto!”.
Finalmente, el Episcopado exigió a las autoridades del país que “identifiquen a los criminales y adopten todas las medidas legales para el castigo de los culpables y para que se evite más derramamiento de sangre inocente”.
El terror sigue avanzando
Desde que inició sus operaciones en 2008, el EPP (grupo de ideología marxista-leninista) se adjudicó más de medio centenar de víctimas, en su mayoría policías, militares y ganaderos. La FTC –unidad integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas, creada en 2013 para acabar con el plan estratégico del EPP– tiene su base en Arroyito, en el departamento de Concepción, una región ganadera en donde habitualmente opera el EPP.
Sin embargo, a partir de esta masacre, se volvió a poner en tela de juicio la responsabilidad del Estado en el cuidado y la instrucción para los miembros de la FTC. Fue la senadora Desirée Masi la que levantó la voz sobre este tema: “Escuchar al ministro del Interior repitiendo el mismo libreto en medio de ocho muertos, politizando la cuestión la pasado, es el límite de lo soportable”.
La legisladora del Partido Democrático Progresista aseveró: “Ahora parece que la culpa es de los que queremos debatir sobre la FTC. Este vehículo tendría que haber estado blindado, estos muchachos tendrían que haber estado vivos. Rechazo absolutamente la grosería de la politiquería sobre ocho muertos”.
Y seguida explicó: “Estos muchachos y sus familiares nos denunciaron que esto podía ocurrir, y ocurrió. Con este derramamiento de sangre la gente puede comprobarlo. En la bicameral nos dijeron que los vehículos para hacer el patrullaje iban a estar blindados y no lo están. ¿Dónde están los chalecos antibalas?, ¿dónde están los cascos?, ¿dónde está toda la plata destinada al FTC?”
Masi aseguró que los policías y los militares en la zona norte del país “están mal”. Y reclamó: “Algo se tiene que hacer, porque el Congreso quintuplicó el presupuesto de este año para las FTC”.
FERNANDO COSTA. ASUNCIÓN
Sacerdote increpado
Bernardo Cristaldo Mieres, párroco de San José Obrero de Choré, tuvo un cruce con el intendente local, Carlos Giménez Díaz. En la noche del domingo 21 de agosto, “Giménez llegó hablándome de manera tranquila. Luego su voz iba subiendo de tono. Me reclamaba por qué no participaba en las actividades que él realizaba”, comentó el párroco. E indicó que el jefe comunal le habló acerca de su hermano Manuel, uno de los cabecillas del EPP. Seguidamente inició unos disparos a la vista de los vecinos del lugar.
Giménez reconoció que fue a visitar al párroco: “Siempre lo invito a participar de las inauguraciones que hacemos y él no va, entonces le consulté”. Y manifestó su molestia por la actitud del presbítero: “está haciendo una oposición muy férrea, preparando concejales, adoctrinando, juntando firmas, no sé. Está haciendo política y ellos están en el grupo de la teología de la liberación”.
Por su parte, el obispo de San Pedro, Pierre Jubinville, emitió un comunicado en donde rechazó “este comportamiento violento y antisocial”, y afirmó que, “según varios testigos”, Giménez “ya actuó de la misma manera en otras situaciones”. “Expresamos un repudio especial –declaró el obispo– por todas las declaraciones que asocian el P. Bernardo al EPP y a supuestas facciones radicales de la Iglesia. La familia Cristaldo Mieres ya ha tomado varias veces posturas claras y valientes acerca de su vínculo con Manuel y ha sufrido numerosas persecuciones injustas al respecto. Es tiempo que cesen esas acusaciones sin fundamento y esas persecuciones”.
