Muertos y heridos en el enfrentamiento entre mineros cooperativistas y policía. El conflicto se agravó con el asesinato del viceministro de Régimen Interior.
Una verdadera barbarie se vivió en la localidad de Panduro, provincia Aroma, a unos 125 kilómetros al sur de La Paz, en el enfrentamiento entre la policía y un grupo de mineros cooperativistas que en estos momentos se encuentran enfrentados con el Gobierno de Evo Morales por un reclamo que tiene varios puntos para resolver (Leer “El reclamo de los mineros”).
Los mineros cooperativistas son un sector que, históricamente, estuvo alineado al presidente boliviano. Sin embargo, la decisión del Gobierno de reformar la Ley de Cooperativas para permitir la sindicalización de sus miembros, los enfrentó severamente.
La aprobación de la norma fue el pasado 19 de agosto. Inmediatamente, los mineros se organizaron para protestar. De esta manera, el martes 23 decidieron bloquear el camino que une los departamentos de La Paz y Oruro, en el oeste del país.
Como respuesta al corte del camino la policía reprimió a los manifestantes, acción en la que perdieron la vida los mineros Fermín Mamani Aspeti y Severino Ichota, además de un centenar de mineros heridos con balas de gomas y golpes con palo, y otra tanta cantidad de efectivos policiales atacados desde las sierras con dinamitas y piedras.
Ante este contexto de violencia, el jueves 25 la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió Luto en Bolivia, un mensaje de cercanía a los familiares de los mineros fallecidos y exhortando al Gobierno a agilizar la resolución del conflicto. Fue a través de una rueda de prensa en donde Oscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba y vicepresidente de la CEB, expresó “nuestro dolor e indignación” por los enfrentamientos entre los mineros cooperativistas y la policía. En seguida, aseguró: “condenamos vehementemente la violencia, venga de donde venga. Urge de parte de todos optar por el diálogo (…), único camino responsable y efectivo para solucionar nuestros problemas”.
Y apuntó contra el Gobierno: “Especial responsabilidad tienen las autoridades nacionales y regionales, pues son los llamados a velar por un estado de derecho que garantice la vida y los derechos fundamentales de las personas”.
La violencia genera violencia
Casi al momento en que la CEB difundía su mensaje, la prensa daba a conocer una inesperada noticia: el mismo jueves 25 apareció asesinado el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que había llegado al lugar del conflicto el día anterior a su muerte para entrar en diálogo con los manifestantes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que Illanes fue “cobarde y brutalmente asesinado” cuando estaba secuestrado por un grupo de mineros.
Al día siguiente, la CEB volvió “a elevar nuestra voz de dolor, indignación y denuncia” por los “tres hermanos bolivianos muertos”. Y con gran énfasis pidió: “¡deténganse!”. Y aseguró que el país demanda a las autoridades y a los sectores movilizados “predisposición sincera y capacidad de diálogo responsable”.
Y volvió a disparar contra las responsabilidades del Estado: “La Administración de Justicia tiene en estos momentos una grave responsabilidad, ya que tiene la obligación de esclarecer las muertes y agresiones con transparencia, idoneidad y objetividad. Los responsables deben ser identificados a
fin de que asuman las consecuencias de sus actos. Los crímenes que han sucedido tienen autores individuales, por más que intenten esconderse detrás del anonimato grupal. Llamamos a la conciencia personal de los que los han cometido para que asuman su responsabilidad penal y moral”.
Según un informe del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), “el sector minero continua siendo clave para el país”. Y para sostener esta afirmación, da tres razones: “Primero, (…) las exportaciones mineras representan más del 25 por ciento del total de las exportaciones de Bolivia (…) Segundo, porque los mineros son todavía una de las fuerzas sociales más organizadas, unidas y fuertes de Bolivia (…) En tercer lugar, porque este sector puede aún contribuir mucho al desarrollo del país, visto que se estima que sólo se ha explotado el 10 por ciento del potencial minero nacional”.
ROBERTO MONARCA. LA PAZ
EL RECLAMO DE LOS MINEROS
Según un relevamiento realizado en distintos medios de prensa y con diversos especialistas, los mineros cooperativistas reclaman:
1. Rechazo a los sindicatos en las cooperativas
La última modificación a la Ley de Cooperativas reconoce la existencia de los sindicatos en las cooperativas mineras. Este fue el motivo considerados una “declaración de guerra”.
2. Respeto a la Ley General de Cooperativas Mineras
Exigen que no se promulgue la reforma que establece que las cooperativas tienen dos años para adecuar sus estatutos bajo pena de quedar extinguidas.
3. Modificación a la Ley Minera
Exigen se levante prohibición para que las empresas privadas puedan invertir en sus concesiones.
4. Un fideicomiso a favor de la Empresa Metalúrgica de Vinto
Un fideicomiso permitiría que Vinto, una empresa del Estado, pague por el procesamiento de los metales que se convierten en lingotes.
5. Flexibilizaciones de las regulaciones medioambientales
Las cooperativas se quejan de los estrictos requisitos para obtener licencias ambientales.
6. La inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería
Esta entidad otorga créditos a la minería cooperativizada; sin embargo, las mineras consideran que sus recursos son insuficientes para atender las decenas de pedidos que llegan a esta institución.
7. Formalización de concesiones
En 2012 los mineros asalariados se enfrentaron a los cooperativistas en Colquiri por la explotación de la veta Rosario.
8. La creación de un Ministerio
Reclaman un puesto en el que los represente en el Poder Ejecutivo ya que consideran fundamental su actividad para la economía del país.
9. Tarifas diferenciadas de electricidad
Solicitan el tendido de redes eléctricas a todas las cooperativas del país y un subsidio para pagar las facturas.
10. Reinversión de regalías mineras en proyectos para el sector
Las cooperativas no pagan impuestos sino regalías por un 2,5 por ciento de las ventas de lo que explotan. Quieren que ese dinero solo sea invertido en proyectos que los favorezcan.
