Decir no en La Guajira

Francisco-Mazzei

Reparos frente a la reglamentación vigente del Programa de Alimentación Escolar

“Si algo ha faltado en La Guajira para estar en la situación en la que estamos es misericordia”. Héctor Salah, obispo de Riohacha, subraya la responsabilidad que tiene la clase política del departamento en la muerte de niños como consecuencia del hambre -más de 40 en lo que va corrido del año-. Dineros públicos que estaban destinados exclusivamente a su alimentación han sido apropiados por parte de políticos locales, a través de consorcios, fundaciones y uniones temporales.

En reacción al escándalo de la corrupción en La Guajira, ya Cristina Plazas, directora del Bienestar Familiar, había buscado una solución pidiéndole al obispo hacerse cargo del programa de alimentación para la primera infancia, el cual depende directamente de la entidad y ha sido convertido en botín. Ahora es el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, quien ha planteado a monseñor Salah asumir la ejecución de los contratos del programa de alimentación escolar (PAE), los cuales dependen del Ministerio de Educación.

En un departamento como La Guajira, donde muchos estarían dispuestos a raparle de la mano a las autoridades una oportunidad velada para su enriquecimiento, el obispo de Riohacha ha preferido apelar a la honestidad y al realismo. Le dijo que no al Bienestar Familiar. Y en la actualidad se debate en diálogos con el gobernador encargado y con funcionarios del Ministerio de Educación con el fin de que, en caso de participar de la ejecución de contratos de alimentación en instituciones escolares (algo con lo cual no se ha comprometido aún), las condiciones garanticen eficacia y cumplimiento.

Monseñor Salah insiste en que la reglamentación vigente del PAE sobre la forma como se debe proceder a la entrega de alimentos no considera la situación del departamento. A su juicio allí reside una de las causas de por qué los procesos de interventoría han sido cooptados por la corrupción. Para transportar alimentos a determinada temperatura a través del desierto, la reglamentación exige el uso de camiones refrigerados que no existen en La Guajira; y exige, igualmente, que las instituciones educativas (más de 400 en 12 municipios no certificados) cuenten con equipos de refrigeración en zonas donde, paradójicamente, no está garantizado el suministro de electricidad.

Semanas atrás, en reacción a consideraciones del gobernador, algunos medios de comunicación se aventuraron a dar por supuesto que la Iglesia local no tendría reparo en asumir la propuesta de Vélez. Se equivocaron. En conversación con Vida Nueva monseñor Salah ahondó con un ejemplo las complejidades de La Guajira. Años atrás la Iglesia tenía a su cargo la administración de la educación pública en el departamento y atendía a cerca de 40.000 estudiantes. Cuando comenzó a manifestarse la corrupción, mediante el interés de los políticos locales de hacerse con los contratos a través de entidades de fachada, el obispo prefirió hacerse a un lado antes que dejarse comprometer en la red de intereses y sobornos. Entonces, la Iglesia Católica pasó a atender 10.000 estudiantes, mientras que miembros de la clase política local se adueñaron, a manera de negocio, de la atención de los otros 30.000.

Hoy en día 5.000 niños y niñas indígenas reciben atención escolar en cuatro internados de la diócesis. Buena alimentación y seguimiento nutricional. Su calidad de vida contrasta considerablemente con la realidad que viven otras personas en el departamento. Como contrasta en La Guajira la prudencia del obispo con el afán de lucro de muchos.

Miguel Estupiñán

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