La Iglesia española clama: “Hay que cerrar los CIE”

Entidades eclesiales alertan de que los centros no cumplen su función

manifestación para evitar que se reabra el CIE Centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca de Barcelona

Manifestación en abril para evitar la reapertura del CIE de Zona Franca (Barcelona)

La Iglesia española clama: “Hay que cerrar los CIE” [extracto]

RUBÉN CRUZ | Solidaridad en lugar de vallas. Este es el reclamo de los obispos desde hace años ante los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Hoy, la Iglesia vuelve a alzar la voz tras la reapertura, ocho meses después, del centro de Zona Franca, en Barcelona. La proclama está clara: “Hay que cerrar los CIE”. El pasado 14 de julio entraba el primer interno a este centro barcelonés, uno de los ocho que continúan operativos en nuestro país junto a los de Tenerife, Las Palmas, Murcia, Tarifa, Madrid, Valencia y Algeciras. La polémica está servida después de la reapertura por parte del Ministerio del Interior, quien tiene competencias sobre el centro, pese a la negativa del Ayuntamiento de Barcelona. Y es que Ada Colau ordenó el cierre al considerar que carece de la licencia adecuada. No obstante, Interior dice que la instalación no necesita licencia municipal.

La alcaldesa envió a dos técnicos municipales a revisar el centro y ordenar el precinto. Sin embargo, la Policía les impidió el paso alegando que necesitaban una autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por ello, el consistorio pidió una orden judicial. Sin embargo, el juez denegó la autorización al entender que “existen serias dudas sobre la competencia del ayuntamiento para ordenar el cierre”. Colau explorará ahora otras vías para ordenar el precinto. El ayuntamiento convocó esta semana una cumbre con el respaldo de la Generalitat, el Parlament y entidades sociales, como la Fundación Migra Studium (jesuitas), perteneciente a la plataforma diocesana Entidades Cristianas con los Inmigrantes.

Josep María Jubany, delegado de Pastoral Social del Arzobispado de Barcelona, acude cada semana al CIE de Zona Franca como asistente espiritual. “Al enterarme de la reapertura, me acerqué el lunes [18 de julio]”, comenta a Vida Nueva. Allí solo encontró a un interno y pudo comprobar cómo, tras las obras, han puesto lavabos en las habitaciones, con los que antes no contaban los internos. “La reapertura ha provocado una fuerte oposición en la sociedad catalana. Y mi opinión sobre estos lugares no puede ser más negativa, porque ser un ‘sin papeles’ no es un delito. Por eso, retener a estas personas atenta contra los Derechos Humanos”, indica el sacerdote.

Sin embargo, destaca el carácter dialogante del director del centro, “pese a que dirige un espacio perteneciente a un sistema aberrante del que reclamamos el cierre”. Jubany denuncia también el hecho de que “los internos no puedan realizan ninguna actividad”.

El desafío de Colau contra la cartera de Jorge Fernández Díaz ha provocado el apoyo de otros ayuntamientos. El 18 de julio, Manuela Carmena presentó un plan de trabajo para garantizar que se respeten los Derechos Humanos en el CIE de Aluche (Madrid). Aunque la situación es diferente a la de Barcelona, porque la licencia cumple las normas, como confirmó la propia alcaldesa.

Valencia y Las Palmas –a través del Cabildo de Gran Canaria– también se han apuntado a la causa. Precisamente en el archipiélago canario, las dos Cáritas diocesanas y ambas delegaciones de migraciones forman parte de la Plataforma Canarias Libre de CIE, que exige “a los responsables públicos que, en un acto de responsabilidad social y política, garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas y aboguen por el desmantelamiento progresivo y cierre de estos centros, aplicando medidas alternativas no lesivas”.

Los obispos piden buscar alternativas

José Luis Pinilla, director de la Comisión Episcopal de Migraciones, recuerda, en conversación con esta revista, que ya en 2012 los obispos señalaron que los CIE tienen un carácter de “excepcionalidad jurídica” y han venido pidiendo que, “mientras existan”, se procurara siempre la defensa legal integral para los internos. “Los obispos siempre piden que se busquen alternativas más dignas a estos centros y que no se penalice la asistencia humanitaria a los inmigrantes”, remarca el jesuita.

Por otro lado, Pueblos Unidos (jesuitas) es la organización que vela por los derechos de los inmigrantes del CIE de Aluche. Basan su intervención en tres pilares: acompañamiento integral de los internos, información de derechos y obligaciones y recogida de incidencias en los centros.

Santiago Yerga, abogado responsable de la atención de Pueblos Unidos en el centro madrileño, destaca el carácter “aflictivo” de los CIE. Al ser preguntado por este semanario sobre si deben ser reorientados, contesta tajante: “No hay que reorientarlos, hay que cerrarlos”, porque “no cumplen con su finalidad, que es retener a las personas para su repatriación, ya que los datos muestran cómo más de la mitad son puestos en libertad a los 60 días [tiempo máximo de privación de libertad]”. Así, Yerga considera que estas personas “sufren una condena gratuita sin haber cometido delito alguno”.

El Gobierno tuvo, el pasado año, que dar respuesta parlamentaria a Amaiur sobre el número de inmigrantes retenidos expatriados. De los 7.286 inmigrantes internados en 2015 en los ocho CIE que funcionan en España, 3.930 fueron puestos en libertad tras ser retenidos hasta un máximo de 60 días. Es decir, el 54% de los inmigrantes no fueron repatriados. Esta cifra ha aumentado en los últimos años, puesto que en los dos cursos anteriores la cantidad de inmigrantes no repatriados no superaba el 48%.

En el nº 2.998 de Vida Nueva