BOLIVIA: Reacciones ante la nueva legislación

Apenas promulgada la Ley de Identidad de Género comenzaron
manifestaciones de grupos preocupados por sus efectos

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, promulgó el pasado sábado 21 de mayo una ley que permitirá que las personas transexuales, mayores de edad, puedan modificar su identidad en los documentos legales y en los registros públicos y privados, cambiando en ellos su nombre, fotografía y género. “Hoy acaba la historia de una proscripción social. Ustedes son una realidad, es una hipocresía social el negar su existencia”, afirmó el gobernante refiriéndose a este colectivo.

García Linera recordó que “la democracia es reconocimiento de la diversidad” y aludió incluso al papa Francisco, diciendo: “¿quiénes somos nosotros para juzgar y negar el reconocimiento de una persona que ha querido modificar su identidad sexual?”.


Días más tarde, la Plataforma por la Vida y la Familia –que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil– publicó un comunicado donde califica este hecho como un “golpe letal a las familias bolivianas”. Declarándose en estado de emergencia y movilización permanente, convocó a una “gran marcha por la familia natural” en Santa Cruz de la Sierra, el próximo 22 de junio desde la imagen del Cristo redentor hasta la plaza principal 24 de septiembre.

En su manifiesto se sostiene que organismos internacionales buscan realizar “una colonización de la ideología de género a través de esta y otras leyes”, queriendo imponer “una sociedad sin diferencias de sexos, vaciando así el fundamento antropológico a la familia”, promoviendo “una identidad personal y una identidad afectiva desvinculada de nuestra realidad biológica”. También se alerta que esta ideología será inculcada en los niños “desde el kínder”, enseñándoles que podrán elegir si ser varón o mujer y “que el comportamiento homosexual es natural”. En caso de que un padre se oponga a esta enseñanza, podrá “ser enjuiciado e ir a la cárcel”, se remarca. Finalmente, se advierte sobre la presión internacional que condiciona la ayuda económica a través de proyectos de desarrollo a la aprobación de leyes de este tipo, vulnerando la soberanía nacional. Leer nota completa

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