España pacta con Marruecos frenar a los refugiados en Nador

Subsahariano

Entidades jesuitas denuncian la vulneración de derechos en la ciudad marroquí y en Melilla

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En los bosques de la zona hay unos 2.000 subsaharianos

España pacta con Marruecos frenar a los refugiados en Nador [extracto]

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Nador, el enclave marroquí desde el que migrantes y refugiados subsaharianos y sirios tratan de llegar a Melilla, es un infierno. Viven en bosques, en las ciudades mendigan o sufren explotación laboral, están amenazados por un constante acoso policial que barre y quema sus campamentos, reciben palizas (algunas han terminado en asesinatos), padecen violaciones y prostitución forzada, las familias son separadas, hay niños que vagan solos… Un abismo controlado por las mafias, por las que pasa todo intento de llegar al otro lado de la frontera. Y por la policía marroquí, cuyo cometido es evitar que pisen suelo español.

Para ello, han creado su propia valla con concertinas y un foso hasta la española de cinco metros. Pero, ¿nuestro país es ajeno a todo esto? Según el informe Sin protección en la frontera. Derechos humanos en la Frontera Sur: entre Nador y Melilla, elaborado en base a cientos de entrevistas en la zona por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, aquí nuestro compromiso con los derechos humanos es nulo.

Como denuncian las dos instituciones jesuitas, en esa región marroquí hay entre 1.500 y 2.000 subsaharianos hacinados en bosques. Hasta febrero de 2015, cuando llegó la policía marroquí, la mayoría vivían en el Monte Gurugú: “Todas las personas fueron detenidas y llevadas a centros, sin ningún procedimiento ni garantía, para ser posteriormente dispersadas y abandonadas”. Lo relata Abubácar, un joven de 23 años de Mauritania: “La policía detuvo a todo el mundo y quemó todo. Yo no estaba. Cuando regresé, vi que no había nadie. Un amigo murió por el ataque policial”.

Llegan 20 reubicados

Más allá de los refugiados que accedan a España por Melilla, este 24 de mayo llegaron a Madrid los primeros 20 (13 sirios y siete iraquíes) desde Grecia. Forman parte del protocolo de reasentamiento, por el que los estados de la UE se comprometen a ayudar a los desbordados por la llegada de migrantes. Deberían llegar por esta vía 16.000 personas hasta 2017. Se espera a 586 para este año, derivadas a las tres entidades designadas por el Gobierno: Cruz Roja, CEAR y ACCEM. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se congratuló así por la respuesta dada: “España siempre cumple con sus compromisos”.

La valla, vedada

Reunidos hoy en campamentos según nacionalidad o lengua, todos esperan la llamada para cruzar la frontera (algunos llevan así tres años). Siempre a través de mafias (y buscando esquivar la acción de los “chivatos”, topos al servicio de la policía), lo intentan de varios modos. Al ser la valla ya casi misión imposible (en 2015 solo hubo 11 acciones de salto, entrando un centenar de personas), la mayoría optan por la patera. Una aventura por la que pagan hasta 2.000 euros. Otra opción, por ese precio, es camuflarse en los bajos de coches.

En el caso de los sirios en Nador, unos 1.000 en diciembre, cuando se concluyó la investigación, aunque la mayoría pasan los días de espera (una media de 40) en hospedajes de bajo coste, tampoco lo tienen fácil. Por conseguir documentación falsa, marroquí o española, el informe descubre que “pagan 1.000 euros por adulto y entre 400 y 700 por niño. Los adultos suelen cruzar a pie [las mafias separan a los hijos para otro intento, con el peligro que ello conlleva]. Al llegar al control español, enseñan su verdadera documentación y formalizan una petición de protección”. Una opción a la que, a día de hoy, están vedados los subsaharianos, “ya que no pueden adquirir documentación falsa por el color de su piel”.

¿Qué encuentran los que llegan a Melilla? En su CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) se hacinan durante semanas o meses cientos de solicitantes de asilo, en buena parte sin esperanzas. Y no solo porque haya llegado a haber, en diciembre, hasta 2.000 internos (cuando su capacidad es de 480 plazas), sino porque el proceso se dilata. Así lo explicó, en la presentación del informe, el 23 de mayo en Madrid, María José Castaño, una de sus autoras: “Como recoge el Eurostat, en España hay más de 16.400 peticiones de protección internacional pendientes de resolución, lo que refleja el colapso del sistema de asilo, que no se adaptó ante lo que venía”. Un “insuficiente esfuerzo” que “no sabemos si es inocente o no”.

Y es que, además de las muchas otras acciones disuasorias en la estrategia con Marruecos, incluida la legalización en la práctica de las devoluciones en caliente, rebautizadas en la Ley de Extranjería como “rechazo en frontera”, es llamativo que, si bien las solicitudes de asilo se triplicaron entre 2014 y 2015, de las 14.600 recibidas el año pasado, España apenas resolvió 3.240, siendo favorables 1.020.

Una situación de fuerte tensión para quienes esperan en el CETI, donde apenas reciben información sobre sus derechos. Como lamentó el jesuita Josep Boades, otro de los autores del informe, “estas personas no ven a España como un país de acogida, no quieren quedarse”. Lo que nos interpela como sociedad: “Pero no hay un debate… Pasada la perplejidad de septiembre, ante la llamada crisis de los refugiados, hoy ya no está de actualidad y no entrará en la campaña electoral”. Cuando, de haber consenso, no sería difícil alcanzar una solución. “Bastaría –concluye Castaño– con el establecimiento de vías legales y seguras. Así acabaríamos inmediatamente con las mafias”.

Un drama para las mujeres

Si en Nador la situación es dura, como relata el informe, esta afecta especialmente a las mujeres. Muchas son víctimas de la prostitución forzada –“hay campamentos controlados por las mafias de trata”, siendo “las mujeres subsaharianas anglófonas víctimas de la trata en un 95% de los casos”–, habiendo casos como este: “Las mujeres son prostituidas en el bosque. (…) Con frecuencia, quedan embarazadas. A veces, a sus controladores les interesa, pues facilita la llegada a España. Si no, las obligan a abortar. Un método es la ingesta de líquidos que hacen que el feto quede deforme y nazca muerto, lo que en ocasiones también causa la muerte de la madre. (…) A menudo se trata de niñas que no llegan a los 17 años. (…) Un caso sangrante fue el de una mujer embarazada de siete meses de gemelas que, al poco de llegar a uno de los campamentos, fue violada cuatro veces: murieron las tres. El crimen quedó oculto e impune”.

En el nº 2.990 de Vida Nueva


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