Por ROBERTO URBINA AVENDAÑO │ “Tenemos una especial preocupación por la situación que se vive en la Araucanía. Hacemos presente nuestro dolor por la creciente violencia que ha cobrado la vida de personas mapuche y no mapuche, entre ellos efectivos de Carabineros de Chile”, expresan los obispos de Chile en su mensaje al término de la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile. A continuación apuntan a condiciones para alcanzar la paz: “Tan alarmante e incomprensible como lo anterior es la lentitud del Estado y sucesivos gobiernos, en su deber de buscar soluciones eficaces a esta situación. Ello pasa por acoger los legítimos anhelos de las comunidades mapuche, que desde hace más de un siglo claman porque se les haga justicia ante conocidas situaciones de violencia, despojo, desconsideración por su identidad, cultura, organización; también ante la invisibilidad y pobreza a la que de hecho fueron confinados. Exhortamos a las autoridades políticas, a líderes sociales mapuche y no mapuche, a todos los constructores de la sociedad, a buscar fórmulas que permitan trabajar juntos por una nueva Araucanía en paz a través de una urgente justicia para todos”. De esta manera todos los obispos chilenos, con su firma, explicitan la posición de la Iglesia católica frente a un conflicto con más de un siglo de historia que, en los últimos años, se ha agudizado.
Los ataques incendiarios a locales de empresas forestales, a su maquinaria y, cada vez con más frecuencia, a camiones, han ido en aumento desde hace algunos años. Llegaron a su máxima expresión en el año 2013 cuando un incendio provocado destruyó totalmente la casa del matrimonio Luchsinger, agricultores en Vilcún, cerca de Temuco, ocasionando la muerte de ambos moradores. En meses recientes los ataques se han dirigido a templos evangélicos y católicos. “Pese a que este es el quinto templo quemado en los últimos meses, estas acciones no constituyen un atentado contra la Iglesia, sino contra los sentimientos de las comunidades y el pueblo sencillo, que con amor y sacrificio levantan sus espacios de oración y trascendencia. En este sentido, lo que más nos conmueve es el enorme dolor de la gente, víctimas inocentes respecto de un tema en el que no tienen responsabilidad alguna” declaró en una carta pública el obispo de Temuco, Héctor Vargas.
Una historia de tensiones
“Se está viviendo una situación delicada, debido a los niveles de confrontación que existen en la región. Por una parte, los dirigentes mapuche más radicalizados solicitan que las empresas forestales y los colonos abandonen tierras mapuche, mientras que los empresarios agrícolas solicitan al Estado la aplicación de un ‘estado de excepción’ controlado por militares. Significaría volver a 1880, cuando se originó el conflicto”, explica Rubén Cariqueo, secretario ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena. “Por otra parte, dirigentes mapuche solicitan que el Estado se abra a una conversación para llegar a un acuerdo de convivencia, un pacto sobre la participación política del pueblo mapuche en el Estado y la compensación por el despojo de las tierras que sufrieron durante el período de la pacificación”, agrega.
La Fundación Instituto Indígena fue creada por los obispados de Temuco y Villarrica en 1962 para ofrecer al pueblo mapuche un espacio de amparo, resguardo y protección de sus derechos, promoviendo procesos de participación indígena en los que destaca la organización de Centros Culturales a fines de los años 70, las Asociaciones Comunales con el inicio de la Ley Indígena (1993-1997) y las Identidades Territoriales mapuche a fines de la década del 90 y primeros años del siglo XXI. También ha participado en la oposición a la represa Ralco (1997-2001); la defensa jurídica de dirigentes por ley de Seguridad Interior del Estado a fines de los años 90; y la posición crítica frente a la criminalización de los conflictos sociales.
Rubén Cariqueo
En la actualidad continúa su labor como describe Cariqueo: “La Fundación ha generado conversaciones con dirigentes mapuche con el objeto de crear instancias de diálogos con el Estado. Nos va bien con los dirigentes, pero falta el compromiso del Estado para abordar este tema. Es difícil para un Gobierno hablar de un pacto con el pueblo mapuche por los intereses que existen en la región, además, por un desconocimiento respecto a la profundidad del tema”.
Cariqueo considera que esta situación está focalizada: “efectivamente, existe un desencuentro a nivel regional entre el pueblo mapuche y los otros actores del empresariado, que en algunos casos se ha transformado en violencia. Esta violencia se radica solo en algunos sectores rurales donde existe mucha marginalidad, pobreza y abandono. Pero también existe tranquilidad en gran parte de la región, donde cualquier persona puede vivir y transitar libremente sin riesgo o peligro para su vida. Prueba de ello es que nadie quiere irse; el turismo en el último verano hizo de La Araucanía uno de los lugares más visitados a nivel nacional. Los empresarios siguen muy entusiasmados en seguir invirtiendo en la región. Un ejemplo son las empresas generadoras de electricidad que tienen más de 30 proyectos eléctricos por ejecutar en este territorio”.
Raíces centenarias
Muchos analistas y agentes pastorales en la región consideran que se llegó al estado actual por los niveles de pobreza. La falta de agua y de tierra, la militarización en territorio mapuche, la expansión descontrolada de las empresas forestales en con la desforestación como consecuencia, reemplazando árboles nativos por pinos y eucaliptus, especies altamente extractoras de agua y que degradan el suelo. Además, las empresas forestales han extinguido sitios sagrados como los ‘menocos’ o humedales y, al haber adquirido propiedad sobre el territorio, restringen el acceso a las comunidades a sitios ceremoniales que desde siglos han sido utilizados por el pueblo mapuche.
En la historia hay raíces, a las que aluden los obispos en su reciente mensaje, que hablan de cuando el Estado de Chile ocupó esta región a través de la llamada ‘Pacificación de la Araucanía’, entre 1878 y 1883, cuando los mapuche se sometieron después de una fiera represión militar. El fundamento de esta acción militar fue que el territorio de Chile necesitaba ser unido con la parte sur y los mapuches impedían esta unión desde que, en 1641, en el Parlamento de Quilín acordaron terminar la guerra con los españoles y fijar la frontera en el río Bíobío hasta Chiloé, desde donde continuaba hacia el sur el territorio chileno. Desde ese acuerdo, mapuche y españoles respetaron sus territorios y la alianza entre ellos fue tal que en la guerra por la Independencia actuaron juntos frente a los patriotas nacionalistas.
La ocupación confinó al pueblo mapuche a ‘reservas’, terrenos muy reducidos ubicados en zonas agrestes, mientras los del Valle Central, con las mejores tierras, fueron entregados a colonos chilenos y extranjeros invitados por el Estado a ocuparlas, resguardados por el Ejército. Lo que siguió a la ocupación del territorio fue la discriminación, la prohibición de ejercer actividades culturales propias, la pérdida de la lengua; se buscaba la asimilación.
A su vez, los colonos quemaron extensos territorios para destinarlos a la siembra de trigo. Luego, con la explotación forestal, llegó la extinción de la diversidad biológica del territorio mapuche.
Las demandas
Estos acontecimientos siguen viviendo en la memoria colectiva del pueblo mapuche y son el fundamento para una generación de dirigentes mapuche con mayor nivel educativo y claridad respecto a la historia y a los derechos, muchos de ellos profesionales, quienes enfrentan al Estado de Chile, a las empresas forestales y a los colonos. Los débiles e inoperantes resultados de las mesas de diálogo o de los acuerdos con el Gobierno, irritan a grupos más radicalizados que expresan su desacuerdo con violencia, logrando imponer el tema.
Sus demandas son el reconocimiento constitucional de la nación mapuche; participación política con escaños reservados para los pueblos originarios en el Parlamento y en las estructuras políticas donde exista población indígena; el reconocimiento y compensación por el Estado de Chile de la deuda histórica y, finalmente, la desmilitarización de su territorio.
Desde el sector empresarial la visión es distinta. “La agudización en los niveles de violencia que han caracterizado a los más de veinte atentados ocurridos sólo en los primeros meses de 2016, han acrecentado un proceso de deterioro del Estado de Derecho, además de profundizar la sensación de vulnerabilidad en gran parte de la ciudadanía. Dicha situación también ha causado un alto nivel de incertidumbre en el gremio forestal, rubro que a pesar de ser la principal actividad comercial de la zona, ha concentrado la mayor cantidad de atentados. La situación descrita no parece ser respaldada mayormente por el pueblo mapuche”. Así describe la situación el Informe número 1248 de Libertad y Desarrollo, centro de estudios e investigación fundado en 1990 por un grupo de ex ministros del gobierno de Augusto Pinochet.
Ellos no ven la historia de represión y desalojo al pueblo mapuche, al contrario piden más acción policial frente a los que consideran actos ‘terroristas’ cometidos por delincuentes. El mismo informe habla de “grupos radicalizados que monopolizan el discurso público en lo que respecta a la naturaleza reivindicativa de las demandas incurren en la legitimación de la violencia como recurso político, con cierta efectividad, imponiendo la disruptividad de las condiciones de paz social en la zona. Se trata de una voz minoritaria, pero influyente en los espacios de representación, situación que refleja la profunda disociación existente entre la voz real del pueblo mapuche, pacífica y que demanda soluciones alejadas del metarrelato reivindicativo para mejorar sus condiciones de vida y la de grupos extremistas que instrumentalizan el carácter de la causa indígena”.
Acompañamiento pastoral
La Iglesia, por su parte, hace varias décadas viene sosteniendo una posición de respecto, reconocimiento y, muchas veces, apoyo a los planteamientos y demandas del pueblo mapuche.
En mapudungun, ‘mapu’ significa tierra y ‘che’, hombre, gente. La tierra tiene un alto valor simbólico y cultural para este pueblo. Por eso, a partir de 1977 la Iglesia de Temuco apoyó a las comunidades para reorganizar la defensa de sus tierras, ante la Ley para la subdivisión de tierras indígenas promulgada por la Dictadura para instalar la propiedad individual, aniquilando las comunidades mapuche que tienen la tierra en propiedad comunitaria. Así, los mapuche propietarios de tierra podían vender sus tierras a las empresas, principalmente forestales. A partir de entonces la Iglesia ha profundizado su estrecha relación con el mundo mapuche, apoyándolo para que tuvieran una institucionalidad propia.
El incremento de la violencia ha suscitado la reacción de organizaciones eclesiales, como han sido las declaraciones de la Pastoral Indígena chilena, de sacerdotes y religiosas que viven y trabajan pastoralmente en la zona, de párrocos de los territorios afectados, hasta llegar a los dos párrafos incluidos en el reciente mensaje de todos los obispos de Chile con los que iniciamos esta nota.
A comienzos de abril, el obispo de Temuco, en carta al director de el diario El Mercurio, expresó: “la situación en que nos encontramos tiene a la base un Estado que en su momento, también mediante el uso de la violencia, despojó a un pueblo de sus tierras y derechos ancestrales. Hoy día es ese mismo Estado, quien por una inexplicable demora en buscar y ofrecer soluciones de fondo de temas de los cuales es el responsable, tiene a una región muy complicada, con nuevas víctimas”. Continúa Vargas: “En este tema, existe la sensación, cada vez más compartida, de una suerte de indiferencia, abandono, desprotección y falta de oportuna justicia, tanto por la demora, como por la violencia indiscriminada. La cantidad de diagnósticos y esta falta de propuestas concretas, hace que tanto las comunidades mapuche, el mundo agrícola, y la población en general, experimenten hacia las Instituciones del Estado una creciente desconfianza, serios temores y malestar más que comprensible”.
En recientes declaraciones a una radio, el obispo Vargas expresó: “el pueblo mapuche es un pueblo profundamente religioso y está muy herido. Quienes hacen estas acciones (violentas) no representan el sentir del pueblo mapuche. Uno de los temores grandes que nosotros tenemos es que con esto se estigmatice al pueblo mapuche y su legítima causa y sus legítimos anhelos”. Y explicó: “las capillas que han quemado son capillas de comunidades mapuche, están en terrenos mapuche, las han construido ellos en sus comunidades, los mismos mapuche son los ministros, los catequistas, los diáconos que están a cargo de ellas, por eso resulta más incomprensible”. Ante la posibilidad de tener protección policial, el obispo fue tajante: “Es inimaginable que un pastor trate de evangelizar con escolta policial”. Y concluyó: “todos los que vivimos en La Araucanía podemos llegar a consensos. Yo estoy convencido de que en la región, desde la sociedad civil organizada, ya existen grandes consensos respecto de por dónde se podría empezar a caminar hacia una solución”.
