En medio de un contexto desconcertante en donde el pueblo mapuche reclama las tierras que por derecho ancestral le pertenecen, Vida Nueva conversó con el obispo de Temuco y presidente de la Comisión de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal de Chile, el salesiano Héctor Vargas. El prelado habló de la situación que se vive en estos días en la región y de cómo afecta a estas comunidades originarias.
¿Se está incremento el conflicto en La Araucanía?
Lamentablemente, se han venido multiplicando. Esto se manifiesta fundamentalmente en atentados en contra de la propiedad pública y privada, especialmente en el sector rural. Ello ha venido afectando desde pequeños y humildes parceleros, hasta agricultores que poseen campos de mayor extensión y, en los últimos meses, algunos templos.
¿Qué cambió en los últimos años en el accionar del pueblo mapuche?
El mayor cambio consiste en una gran valoración de su identidad y dignidad, de su cultura y tradiciones, del aporte que pueden dar a los demás desde lo que ellos son y hacen, incluido el respeto y cuidado por la naturaleza, el valor de la familia, la veneración por lo sagrado y el orgullo de su pueblo e historia. Junto con ello, la creciente consciencia de sus derechos, el maltrato y despojo del que fueron objeto por parte del Estado, y una distribución territorial que los destinó de hecho a vivir en situaciones de pobreza, marginalidad y dificultades para acceder a la educación.
Esta situación de tensión parece tener raíces históricas…
Por más de un siglo el pueblo mapuche vivió bajo situaciones de injusticia, incluso de invisibilización; daba la impresión de que no existían para el resto del país. Una suerte de resignación y sometimiento, fruto de lo que se llamó “la pacificación de La Araucanía”, por medio del ingreso del Ejército a sus territorios ancestrales. Pacificación que hoy descubrimos que nunca fue. No es posible conquistar una paz estable mediante la violencia.
Si ha habido esfuerzos por el diálogo, ¿por qué continúa la tensión?
Los distintos Gobiernos, especialmente desde el regreso d la democracia, han llevado a cabo iniciativas en vista a sentarse a dialogar con el mundo mapuche. El tema es complejo porque su modo de organizarse y de vivir, me refiero a los que no son urbanos, es en comunidades, las cuales son autónomas respecto del resto. Es decir, no existen autoridades elegidas que representen a todos. Este es un problema serio ya que a la hora de buscar con quién dialogar, no pueden atribuirse la representatividad o legitimidad de los demás. De este modo, varios intentos e incluso acuerdos han naufragado.
¿Qué medidas ayudarían a mejorar la actual situación?
Un mayor, claro y eficiente liderazgo de los Gobiernos sobre esta situación y, en especial, propuestas sobre la mesa que involucren directamente al pueblo mapuche y no mapuche. Tanto dirigentes de territorios e intelectualidad mapuche urbana, como instancias políticas, académicas, sociales, económicas, civiles y distintas Iglesias han avanzado en lo que podríamos llamar grandes consensos, como políticas que hagan de La Araucanía una región intercultural en sus más diversos ámbitos; resolver de una manera más adecuada la política de entrega de tierras; el reconocimiento constitucional del mundo mapuche como “Pueblo” o “Nación”, que permita avanzar a un modelo de Estado Plurinacional; la reserva de escaños en el Parlamento, que favorecería la representación y la voz de los Pueblos Originarios en la legislación y en las políticas públicas que les atañe directamente a ellos.
¿Cómo interviene la Iglesia en esta situación?
Buscando involucrarse y dejándose involucrar. De este modo sus fundaciones expresamente creadas al servicio del mundo mapuche están permanentemente fomentando la reflexión, ofreciendo su parecer, buscando formas de provocar instancias de diálogo, tanto con dirigentes mapuche como con organizaciones sociales, con el mundo académico y con las autoridades políticas y de gobierno. De hecho, más de dos mil alumnos de nuestra Universidad Católica son mapuche.
Por lo pronto, hemos solicitado, en conversación con la presidenta Michelle Bachelet, formas de compensación a las víctimas de la violencia rural y la creación de una Mesa Asesora Presidencial, compuesta por referentes de los sectores más representativos de la región, sin exclusiones. Además de expertos que puedan ofrecer caminos de salida a esta delicada cuestión y que, en lo posible, puedan animar un debate nacional para llegar a transformarse en leyes de la República.
ROBERTO URBINA AVENDAÑO
