Los desafíos más allá de las cifras y de la firma del fin del conflicto
La ciudad vallecaucana ocupa el octavo lugar en la lista de ciudades más violentas del mundo, según un reciente informe de Seguridad, Justicia y Paz
En el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015, publicado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, Palmira ocupó el octavo lugar. 216 homicidios en el año 2015 evidenciaron un crecimiento en la tasa del 70.88%, respecto al año anterior. El propósito de visibilizar este ranking, según aclara el informe, es “llamar la atención sobre la violencia en las urbes, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados y de garantizar su derecho a la seguridad pública” y de que, tanto ciudadanos como autoridades, “hagan el máximo esfuerzo para que su ciudad salga lo antes posible de este ranking”.
Las reacciones ante el listado no se hicieron esperar. En enero, el alcalde municipal de Palmira, Jairo Ortega Samboní, rechazó el estudio por su “deficiente metodología”, “amarillismo”, “el daño inconmensurable que produce a la imagen del municipio (…) y el impacto muy negativo en la atracción de inversión nacional y extranjera, en el turismo, en la creación de empresas, la generación de empleo y la confianza que afecta la percepción de seguridad de los residentes y visitantes de Palmira”. A pesar de la controversia, la primera semana del año, según informó el diario El País, “un grupo especial con 130 policías procedentes de Bogotá llegó a Palmira para contrarrestar la violencia”. El coronel William López, comandante operativo de la Policía del Valle, declaró al diario que en Palmira más que un factor de delincuencia, se habla de una violencia arraigada, que se ha agudizado. Por su parte, un funcionario de la fiscalía admitió que una de las razones de la violencia sería “el surgimiento de un gran número de bandas, pues antes una sola organización se encargaba de manejar todos los delitos en los sectores deprimidos, pero cuando empiezan a aparecer nuevos grupos vienen los enfrentamientos y los homicidios”.
Para Luis Eduardo Lobato Paz, Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana (CIER) de la Universidad Autónoma de Occidente, la criminalidad creció en ciudades intermedias como Buenaventura, Buga y Palmira; va más allá de los grupos guerrilleros y abarca varias modalidades: bandas criminales (conformadas por paramilitares), reductos del cartel de droga del norte del Valle del Cauca y del Pacífico, los Urabeños, crimen organizado, pandillas juveniles, delincuencia común y explotaciones ilegales de minas de oro, que “si no se abordan en una fase de post-acuerdos dificultarán la búsqueda de paz”.
Este panorama no es ajeno a la diócesis de Palmira. Para su obispo, Edgar de Jesús García Gil, tanto la violencia de los grupos armados y la de las bandas criminales, como la intrafamiliar y la ejercida contra la mujer son un enorme desafío social para la Iglesia. En Palmira “se hace urgente el valor de la vida”, afirma el obispo. Por ello, a la vez que se tiene expectativa del fin del conflicto, pues “la Iglesia siempre ha apoyado todos los acuerdos”, se sabe que el fin del conflicto no es equivalente a la paz. Para el prelado, trabajar por la paz es “estar comprometidos con las realidades concretas que nos lleven a una sociedad civil de mayor equidad y solidaridad, porque el problema de la falta de justicia es la raíz de tanta violencia”. Desde esa mirada, ser artesanos de la paz implicará tanto “fortalecer las familias como comunidad fundamental y espacio sagrado para la calidad de vida”, como mantener los proyectos de la Pastoral Social que promueven la organización social y la creación de espacios de participación ciudadana.
Biviana García
