Voces a favor y en contra del accionar de la Iglesia Acusados y autorizadas eclesiásticas Publicaciones en medios de prensa sobre posible caso de acoso sexual por parte de dos sacerdotes paraguayos motiva comunicados de autoridades
Durante el mes de marzo, diversas publicaciones periodísticas generaron alerta sobre cómo la Iglesia estaba manejando el caso de Francisco Javier Bareiro y Gustavo Ovelar, dos sacerdotes de la congregación Oblatos de María que se encuentran bajo investigación por acoso sexual. En ellas se denunciaba que los religiosos seguían en contacto con jóvenes, que la congregación los estaba protegiendo y que las autoridades no habían actuado con la celeridad necesaria.
Desde marzo de 2010, Ovelar y Bareiro se desempeñaban respectivamente como párroco y vicario pastoral de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Paso Yobai, parte de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Son seis los jóvenes varones que levantaron la denuncia contra ellos, afirmando que fueron abusados en retiros espirituales y otras actividades parroquiales. Aunque hoy son todos mayores de edad, en el momento tenían entre 16 y 21 años y sostienen que existen más víctimas que no se atreven a hacer la denuncia. A fines del año pasado un exseminarista de la congregación sumó al caso su declaración contra Ovelar, contando que en 2006, cuando tenía 19 años y se formaba para ser religioso, fue manoseado por este hombre mientras dormía.
Las publicaciones en la prensa sostienen también que los denunciantes fueron presionados para que el caso no tomara conocimiento público y que se les ofrecieron acuerdos para acallarlos. También vinculan el hecho de que dos de las víctimas hayan finalmente negado los hechos ante la fiscalía a los vínculos laborales que ellos o sus familiares mantienen con la Iglesia.
En noviembre de 2014 la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de Villarrica por Zenón Berikani, también sacerdote de la congregación. En principio la fiscalía buscó tipificar el caso como abuso de violación bajo tutela, pero no pudo hacerlo en parte porque todos eran ya mayores de 14 años. A fines del año pasado, el caso pasó a manos del fiscal Carlos Alvarenga, considerando que en realidad constituiría un caso de acoso sexual.
Respuestas
El 18 de marzo, la diócesis de Villarrica emitió un comunicado explicando que, según el protocolo de actuación en estos casos, son las autoridades de la congregación religiosa las responsables de llevar adelante las acciones correspondientes, y que la diócesis, como está previsto, “acompaña” la investigación de las denuncias. También aclara que a principios de 2015, por pedido tanto del obispo como del provincial de la congregación, ambos sacerdotes fueron cesados de su cargo. Finalmente se reafirma como “posición inclaudicable” que “el abuso sexual infantil es a la vez inmoral y criminal”, y que en esto quieren ver a los medios de comunicación como un “aliado para exponer y ayudar a erradicar este mal”.
El mismo día, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió una declaración apoyando la de la diócesis y explicando que “una vez que la denuncia esté en la sede penal, la investigación prevista en este Protocolo se deja en suspenso esperando la decisión de dicho tribunal”. También se alienta al obispo local, Ricardo Valenzuela Rios, a mantenerse “en comunicación y cercanía con las víctimas y familiares”.
Al día siguiente, la congregación religiosa emitió también un comunicado detallando las medidas que se habían llevado a cabo de acuerdo al protocolo estipulado desde el 1 de diciembre de 2014, cuando se declara haber tomado conocimiento de las acusaciones. Se afirma que ese mes se separó de sus cargos a los sacerdotes, se les suspendió el ministerio y se le comunicó la situación al obispo. La denuncia a la fiscalía se realizó en marzo del año siguiente. También se realizaron las denuncias correspondientes ante el superior general de la congregación y la oficina competente del Vaticano, la Congregación de la Doctrina de la Fe. El Superior, a su vez, envió una delegación investigadora que redactó informes para dicha oficina. A la vez que se señala que los procesos de la Fiscalía y de Roma llevan su tiempo, la congregación afirma lamentar profundamente el daño causado y pedir “con mucha humildad perdón a todos los afectados”.
Unos días más tarde, los mismos sacerdotes acusados emitieron un comunicado a la opinión pública, en el que afirman “desmentir categóricamente” las publicaciones de los medios de prensa, “infundadas e irresponsables”, negando haber cometido los actos de los que son acusados. Afirman haber sido expuestos injustamente “a la crítica pública, al descrédito y al menosprecio”, afectando su honor y “por ende la imagen de la Iglesia católica”. Sostienen que las denuncias son falsas, que no tienen “sustento legal ni probatorio, son temerarias y hechas de mala fe”, con “una clara intensión mediática” que ya les ha causado un “daño irreparable”. Por último recuerdan que rige la “presunción de inocencia” hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario.
En declaraciones hechas a una radio local, Valenzuela afirmó que, aunque haya que esperar el resultado de la investigación, los abusos están prácticamente confirmados.
Por su parte, el obispo de Caacupé y expresidente de la CEP, Claudio Giménez, opinó que la Iglesia no actuó con la rapidez necesaria. Recordó que en el año 2000 se encontraba en la ciudad de Boston cuando se descubrió la complicidad de la Iglesia en el encubrimiento de los casos de abusos –como hoy recrea la comentada y galardonada película Spotlight–, y lo desagradable del momento. Comentó también que tanto en Estados Unidos como en México existen centros de rehabilitación para estos casos, a los que considera que se debería enviar a los sacerdotes en cuestión.
FERNANDO COSTA. ASUNCIÓN
