Los obispos aluden a la corrupción estatal.
Hoy pongo ante ti la vida y la muerte es el nombre de la Carta Pastoral sobre el narcotráfico y la drogadicción presentada este mes por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). En el comunicado en el que se da a conocer la publicación, los obispos afirman que esta es, a la vez, “una preocupación antigua y vigente”. Con este mensaje afirman querer poner el tema nuevamente en la sensibilidad social y llamar la atención de las autoridades, ya que la gravedad de la problemática requiere “una acción conjunta entre personas de buena voluntad”: “Genera violencia, muerte y desintegración familiar, y desestructura la sociedad, distorsiona la economía y promueve la cultura de la ilegalidad y la corrupción, inclusive trastocando la institucionalidad del Estado”, sentencian.
“Bolivia, además de ser un país productor y de tránsito, es ya un país consumidor de drogas”, alertan los prelados, lo que estigmatiza a los bolivianos ante la comunidad internacional: “Ser país de tráfico habla muy mal de la capacidad de interdicción, incluso puede ser interpretado como complicidad de nuestras instituciones”, expresan.
No obstante, defienden la plantación y el consumo de la hoja de coca en su uso tradicional, en particular para los pueblos andinos. También sostienen que es necesario “ver a las víctimas de la drogadicción no como delincuentes, sino como hermanos que necesitan ayuda y rehabilitación”. Por último, interpela a quienes hacen dinero con el narcotráfico, apelando a un cambio de actitud, y llama a la sociedad a “dejar la comodidad y la resignación” para unirse en este combate.
Ultimatums y numeritos
Dos días después, el presidente Evo Morales, desde Potosí, lanzó un ultimátum de 24 horas a la Iglesia, exigiéndole que en ese plazo presentara acusaciones concretas: “¿Es el Presidente, Vicepresidente, diputados o senadores? Que den nombres, que digan si son responsables con su discurso”, reclamó. De todos modos, nunca especificó qué consecuencias se derivarían de la no respuesta, pero afirmó que interpretaría de ello que buscaban “atacar al movimiento indígena, como en el pasado”. En su viaje al Vaticano para el Encuentro mundial de movimientos sociales, Morales piensa transmitirle al papa Francisco sus quejas sobre el clero boliviano.
Por su parte, el ministro de gobierno, Carlos Romero, aseguró que en la carta episcopal “hay gruesos errores que obedecen a falta de información” y que había “afirmaciones temerarias”. Luego enumeró algunos logros del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, como la reducción de los cultivos de coca en 30 mil hectáreas.
Al día siguiente, el vocero de la CEB, Erwin Bazán, sostuvo que la carta buscaba plantear un tema de fondo, “que parte del conocimiento directo de la gente”. El punto no es preocuparse “sobre si un numerito más o un numerito menos”, afirmó. También dijo que “en tiempos democráticos” no había por qué preocuparse por ultimatums, y que los obispos analizarían el tema y resolverían responder o no cuando realizaran en su próxima asamblea oficial plenaria, que se estaba llevando adelante Cochabamba al cierre de esta edición.
Indignado por estas declaraciones, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que la Iglesia busca “ridiculizar” los esfuerzos antidroga del Gobierno. “Qué lamentable afirmación, porque los números son estadísticas, base de la ciencia y objetividad”, arguyó. Sin embargo, anunció que a partir de mayo finalmente se comenzará con el pospuesto trabajo de redacción de nuevas leyes de sustancias controladas y de la coca, y que se socializará el proceso con diversas organizaciones e instituciones, incluida la Iglesia
R.P. LA PAZ
