Castilla-La Mancha, contra los servicios religiosos en hospitales

PSOE y Podemos instan al Gobierno a suprimir una financiación avalada por los acuerdos Iglesia-Estado

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Castilla-La Mancha, contra los servicios religiosos en hospitales [extracto]

RUBÉN CRUZ | El Gobierno regional de Castilla-La Mancha aprobó el pasado 1 de abril la proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a suspender la obligación de las autonomías de financiar con dinero público servicios religiosos. La proposición de Podemos y PSOE, que contó con el rechazo del PP, pretende garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa “sin discriminación de ningún tipo” y suspender “cualquier disposición derivada de acuerdos internacionales por los que son las autonomías las que deben financiar los servicios religiosos en el ámbito de la sanidad, la educación y el bienestar social”.

Esta medida ya quedó recogida en el acuerdo que a principios de febrero firmaron la formación morada y los socialistas, en la que se explicaba que “dado que en el marco jurídico actual no parece posible retirarlos, se adquiere el compromiso de presentar una PNL con una Resolución en la que se inste al Gobierno de España a suspender el Concordato con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública”. Según los presupuestos de 2016, 425.000 euros se destinan a los servicios religiosos sanitarios. Una cantidad que sirve para pagar el sueldo de los capellanes –300 euros a los que están a media jornada y 600 euros a los que están a jornada completa–, el mantenimiento de las capillas, de los despachos y de las habitaciones de descanso de los religiosos, como está estipulado en los Acuerdos firmados en 1985 con la Santa Sede.

A este respecto, Jesús Carracedo, director del departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, señala a Vida Nueva que “mientras haya unos acuerdos firmados, la obligación del Estado es garantizar la asistencia a los enfermos”. Asimismo, pone de manifiesto que para acabar con esta asistencia “habría que cambiar la Constitución”. Por su parte, el diputado popular Francisco Cañizares sostiene que la PNL “ataca” un derecho fundamental de los ciudadanos. Al mismo tiempo, recuerda que el PSOE estaba al frente de la Junta cuando recibió del Estado las transferencias en 2000, y quien gobernaba en el país cuando se firmaron los acuerdos en 1985.

Una labor social

Rafael Torregrosa, delegado de Pastoral de la Salud en el Arzobispado de Toledo, indica a esta revista que la principal pretensión de ambas formaciones es que “sea el arzobispado quien nos pague el salario y que todas las confesiones estemos al mismo nivel”. Sin embargo, explica que “no hay demanda de otras confesiones porque no tienen costumbre de visitar a enfermos”. De hecho, el sacerdote relata una anécdota acontecida hace pocos días: un joven enfermo de sida, atendido por Cáritas, solicitó ver a un imán. Y el hospital le preguntó al sacerdote si sabía la forma de contactar con alguno, porque no tenían ningún contacto.

Tanto PSOE como Podemos no consideran la asistencia religiosa una labor social, “pese a que atendemos a personas de todas las confesiones”, señala Torreglosa. Asimismo, sospecha que esta pretensión no se hará realidad, porque supondría un “bombazo social”. No obstante, afirma que en el arzobispado se han planteado la posibilidad de que se retire la financiación y sean ellos quienes tengan que hacer frente a los gastos derivados del servicio: “Se podría hacer frente económicamente, aunque la atención se resentiría”, concluye.

En el nº 2.983 de Vida Nueva

 

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Actualizado
08/04/2016
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