Tras varios accidentes, la Iglesia sale en defensa de las comunidades indígenas
Protesta ciudadana ante la sede de Petroperú
JOSÉ LUIS FRANCO (INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LIMA) | Una vez más, la Amazonía peruana se encuentra amenazada por reiterados derrames de petróleo. Los últimos, registrados estas semanas en las regiones de Amazonas, Loreto y Jaén, se han debido a una serie de fallas en el oleoducto Norperuano, construido en 1975, y que es responsabilidad de la empresa estatal Petroperú. Las consecuencias pueden ser catastróficas, pues hablamos de la región amazónica, el 61% de todo Perú.
Posee uno de los ecosistemas más ricos del planeta y es el hogar de innumerables pueblos indígenas, siendo habitado por entre 350.000 y 500.000 personas. Lamentablemente, es una zona que soporta cada vez más la presión de las concesiones que el Estado otorga a las industrias de hidrocarburos, la explotación del oro ilegal, el narcotráfico y la tala sin control en sus bosques.
Los derrames en las tres regiones están bajo la jurisdicción eclesiástica de los vicariatos apostólicos de Yurimaguas (Loreto) y San Francisco Javier (Jaén), los cuales se han pronunciado ante esta situación. El de Jaén ha manifestado su solidaridad ante el derrame en la quebrada de Inayo y en los ríos Chiriaco y Marañón. Así, exige que “la indemnización a los afectados sea acorde con las pérdidas de las campañas agrícolas, su único medio de subsistencia”, y que “el remedio se lleve a cabo hasta garantizar que la calidad del agua sea la requerida para evitar riesgos”.
Desesperación
Por su parte, el Vicariato de Yurimaguas, en referencia a los derrames ocurridos en los ríos Marañón y Morona, ha señalado que esto no es nuevo, y manifiesta su indignación por “la situación de vulnerabilidad, riesgo y desesperación en la que viven los hermanos indígenas por la afectación a su medio de vida, recursos y territorio”, exigiendo igualmente que “Petroperú asuma su responsabilidad ambiental y social por los perjuicios ocasionados ante la falta de mantenimiento de la estructura del oleoducto Norperuano”, con la grave consecuencia de que “se han afectado los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.
Paralelamente, los representantes del pueblo indígena wampis, víctima de la negligencia de Petroperú, manifestaron que “el petróleo en la selva es una maldición”. “Por este mineral –añaden– tenemos que sufrir no solo contaminación, sino también el atropello a nuestros derechos, e incluso morir a causa de la maldad de los mismos peruanos”.
Frente a toda esta ola de reclamos, la respuesta del Estado finalmente ha sido canalizada por la Defensoría del Pueblo, que, a través de un comunicado, exhorta a Petroperú a cumplir con la reparación. Por su parte, la empresa petrolera ha desplegado mesas de diálogo con las poblaciones afectadas para coordinar el apoyo y la solución en la zona.
Por otro modelo de desarrollo
Lo sucedido en la Amazonía plantea otras cuestiones de fondo. Por una parte, parecería que se ha impuesto la lógica del gran capital a merced del futuro de nuestros pueblos nativos: una visión de desarrollo extractivista sin importar el daño a la naturaleza. Preguntamos: ¿no se debería discutir la modificación del modelo de desarrollo basado en industrias extractivas? ¿Por qué no hay voluntad política ni institucionalidad clara respecto a aquellas? Interrogantes que, como ciudadanos, nos planteamos para, desde ahí, generar un cambio que mejore la situación de nuestros pueblos indígenas.
En el nº 2.981 de Vida Nueva
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